Predictamen se verá en la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento. “Se busca apoyar a la gente que perdió su trabajo en esta pandemia y no tiene como pagar sus deudas en esta emergencia sanitaria que viven más de 30 millones de peruanos”, dijo legislador José Luna Morales.
Hoy la Comisión de Defensa del Consumidor debatirá el predictamen que plantea el congelamiento del cobro de todo tipo de créditos, pese a la oposición de las entidades microfinancieras y de la propia SBS.
Así, la Comisión de Defensa del Consumidor recomendó la aprobación de un texto sustitutorio que plantea la suspensión o congelamiento del cobro de los créditos hipotecarios, créditos personales, tarjetas de crédito, fideicomiso, capital de trabajo y todo tipo de endeudamiento contraída por personas naturales con empresas bancarias y financieras por un plazo de 120 calendarios (4 meses) sin aplicar moras, multas en intereses, ni afectar la calificación crediticia.
Vencida la fecha –precisa el predictamen– la entidad acreedora podrá reanudar el cobro correspondiente. Las cuotas congeladas serán fraccionadas entre las demás cuotas hasta el vencimiento del crédito, sin cargo alguno a elección del beneficiario.
SUSPENSIÓN
También se propone la suspensión de los cobros judiciales o extrajudiciales, los procesos de ejecución judicial la ejecución de garantías mobiliarias o inmobiliarias, la ejecución forzada, remates públicos y en general toda clase de acciones judiciales y extrajudiciales por un plazo de 120 días calendarios.
Incluso se plantea la ‘fórmula’ para la reprogramación de los créditos así como que no será aplicable nuevos intereses a los ya fijados en el contrato inicial; ni nuevas comisiones.
Este predictamen recoge tres propuestas legislativas que planteaban periodo de gracias; condonación de intereses moratorios y la suspensión y congelamiento de las obligaciones (cobros) que implican las cuotas y los intereses.
EN CONTRA
La SBS indicó que imponer moratorias o periodos de gracia generalizados para los créditos ponen en serio riesgo la estabilidad del sistema financiero debido a que las entidades financieras no recibirían ingresos por un número de meses y tendrían una alta probabilidad de incumplir sus obligaciones.
“De 52 entidades financieras que actualmente operan en el Perú, 26 de ellas resultarían con pérdidas superiores al 50% del patrimonio efectivo (capital regulatorio) lo que configura una causal de intervención (paso previo a la disolución y liquidación)”, alertó.
“Esas 26 empresas tienen en sus balances depósitos por S/ 18,900 millones, de los cuales S/ 14,900 millones cuentan con cobertura del Fondo de Seguros de Depósitos, pero dicho fondo cuenta en la actualidad solo con S/ 4,900 millones”, advirtió.
Agregó que un escenario que no contempla el Parlamento es que se agoten la liquidez de las entidades financieras al estar tanto tiempo sin ingresos y que incurran en incumplimiento de obligaciones (con depositantes, proveedores o trabajadores) lo que gatillaría la intervención y posterior disolución y liquidación.
LIQUIDEZ
Un cierre desordenado y masivo generaría pánico y desconfianza en el resto de entidades financieras, con depositantes buscando refugio en bancos sistémicos o extranjeros. “En un escenario como el descrito el sistema financiero se reduciría a 4 o 6 bancos, desapareciendo de esa forma la hasta ahora pujante industria financiera regional que se dedica fundamentalmente al crédito a personas”, remarcó.
En tanto, Asomif dijo que de aprobarse la medida generaría un riesgo sistémico, particularmente en las Cajas Rurales, Financieras, Edpymes y Cajas Municipales, que podrían debilitar y entrar en una situación de falta de liquidez, afectando de manera directa a sus clientes.
Por su parte, las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito dijo que la aprobación de la iniciativa legislativa solo en el 2020, generaría pérdidas por S/2,475 millones. Las pérdidas serían principalmente impulsadas por la reducción del 78.7% en ingresos financieros.
Por último, la Asociación de Bancos dijo que la propuesta legislativa es una grave intervención los derechos constitucionales económicos de las empresas del sistema financiero aún cuando su impacto hacia el objetivo que quiere alcanzar será bajo o incluso negativo a mediano plazo.
