Nunca se trató de investigar un caso de corrupción ni de hacer justicia, señala

VALERIA PONCE

El abogado penalista Humberto Abanto Verástegui sostiene que los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela deben ser denunciados y procesados ​​por la persecución política que desataron desde la Fiscalía contra Alan García, Keiko Fujimori y Luis Castañeda Lossio.

— Usted ha sido muy crítico con la actuación de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en el caso Lava Jato. ¿Cuál es su lectura de fondo sobre su participación?

Yo he dicho claramente que, para mí, nunca se trató de investigar un caso de corrupción ni de hacer justicia. En mi opinión, lo que se trató fue de una cacería política absolutamente selectiva.

— ¿En qué casos concretos identifica usted esa persecución política por parte de estos dos fiscales?

En el caso de Alan García, en el caso de Keiko Fujimori, en el caso de Luis Castañeda Lossio. En el caso de Alan García está claro, el periodista Christian Hudtwalcker hizo una línea de tiempo que dejó claramente establecida que hubo una coreografía desarrollada conjuntamente por el fiscal Pérez y por IDL-Reporteros.

— Dentro de esta misma investigación también figura el periodista Gustavo Gorriti. ¿Qué debería probarse para sostener su responsabilidad?

En este caso la discusión no es a propósito de sus trabajos como periodista de investigación, sino acerca de si tuvo o no tuvo injerencia en las decisiones de un organismo estatal sin haber sido nominado ni elegido formalmente para eso. En una sociedad democrática no hay nadie que pueda ejercer poder sin el deber de rendir cuentas.

— El Congreso ya aprobó el informe de la comisión multipartidaria presentada por el congresista Muñante. ¿Qué se necesita, más allá de la voluntad política, para que una denuncia penal por prevaricato contra estos fiscales realmente prospere?

Las personas agraviadas deben formular la denuncia; el punto central va por ahí. También el Ministerio Público podría actuar de oficio, pero es preferible que sean las personas agraviadas quienes la formulan.

— El fiscal de la Nación ha declarado que estos fiscales «trabajaron para Odebrecht». ¿Qué valor tiene una afirmación así, sin un proceso formalizado detrás?

No. El fiscal de la Nación no puede dar opiniones políticas, él no es un político. Lo que hace es un juicio de valor sobre el trabajo de sus subordinados, y en ese sentido debe ser tomado, por el momento, como una opinión. Si él decide tomar acción, habrá que ver cuál es el próximo paso.

— El informe del Congreso les imputa también encubrimiento personal y encubrimiento real. ¿Qué implica que ese informe ya haya sido trasladado al Ministerio Público?

Como ya se ha corrido traslado al Ministerio Público del informe del señor Muñante, aprobado por el Congreso de la República, el fiscal de la Nación tendrá que tomar cartas en el asunto.

— ¿Qué pasaría procesalmente con el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y con las sentencias ya firmes que se basaron en esas declaraciones?

Hay una situación de altísima incertidumbre debido a que se ha roto la cooperación judicial entre Perú y Brasil, tal como ha señalado la República Federativa de Brasil, debido a la acción del equipo. En este momento la situación es incierta e indeterminada respecto de ese acuerdo de colaboración y de las sentencias que se emitieron. Como se sabe, por disposición de la Corte Suprema de la República Federativa de Brasil, Odebrecht ha cesado su cooperación, así que no sabemos en este momento exactamente cuál es la situación, y esta tendrá que ser dilucidada, me imagino, por las altas autoridades del Ministerio Público.

— Si la denuncia avanza, ¿quién sería el juez competente para juzgar a Rafael Vela y a José Domingo Pérez?

Eso va a una sala superior, quien tiene que autorizar el procesamiento es el fiscal de la Nación, o quien haga sus veces en caso de que él se abstenga.

— La investigación contra ambos ha sido archivada y reabierta varias veces desde el año pasado. ¿Cree usted que en este momento sí podría llegar a procesarse, y qué pena correspondería si se determina responsabilidad penal?

Sí, pero aquí han surgido situaciones nuevas a raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional, que hablan de fiscales que han llevado adelante procesamientos y formulado requerimientos citando una ley inexistente. Esa pena ya está en el código, pero el punto central es que el procedimiento tiene que empezar. Hablar de penas cuando el procedimiento ni siquiera ha comenzado es prematuro.

— Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez ya fueron apartados del caso Lava Jato por decisión administrativa del Ministerio Público. ¿Ese alejamiento puede usarse como indicio en un proceso penal, o son dos vías independientes?

Esa es una decisión administrativa del Ministerio Público. No tendría que ser necesariamente así, pero digamos que sí da cuenta de una pérdida de confianza por parte de la más alta autoridad del Ministerio Público.

— Para cerrar, ¿cuál es el escenario que usted prevé en los próximos meses: una acusación formal, un juicio oral, o qué otro desenlace?

Todo depende del trabajo y de la decisión que tome el fiscal de la Nación, o quien haga sus veces en este caso, porque, hasta donde recuerdo, el fiscal de la Nación se inhibió de conocer la causa. En cuanto al desarrollo de la investigación, como todas las personas, Vela, Pérez y Gorriti, aunque muchos tengamos ciertas convicciones y opiniones, tienen derecho a la presunción de inocencia.