El drama se agrava al saber que las condiciones impuestas para acceder a las indemnizaciones
La tragedia del derrame de petróleo en el terminal multiboyas N°2 de la Refinería La Pampilla de Repsol continúa cobrando víctimas, pero esta vez no se trata del daño ambiental, sino de una red de estafadores que aprovechan la desesperación de los afectados. La denuncia es clara: abogados y dirigentes ofrecen gestionar indemnizaciones a cambio de dinero, sumiendo a las víctimas en una nueva angustia económica.
Dos años han pasado desde aquel fatídico evento que cobró la vida de diversas especies marinas, contaminó playas y afectó gravemente a quienes dependían de la pesca y el turismo en la zona. Aunque el Estado y la empresa acordaron indemnizar a los afectados, más de 30 mil personas afirman no haber sido incluidas en el padrón establecido por la Presidenc
ia del Consejo de Ministros y el Instituto Nacional de Defensa Civil, a pesar de haber sufrido directa o indirectamente las consecuencias del desastre.
Es en este contexto de desesperación y desinformación que surge una red de abogados y dirigentes sin escrúpulos, quienes prometen incluir a los afectados en un nuevo padrón y asegurarles supuestos bonos y compensaciones. Sin embargo, todo resulta ser una farsa, con los estafadores solicitando pagos iniciales en efectivo para realizar los «trámites» correspondientes, repitiendo estos cobros bajo diferentes pretextos.
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La situación se complica aún más cuando se descubre que personas ajenas al mundo marítimo, como sicarios, traficantes de armas e incluso reclusos, figuran como damnificados y han recibido indemnizaciones millonarias, mientras que los verdaderos afectados luchan por ser reconocidos. La infiltración en asociaciones de pescadores y la falsificación de inscripciones son solo algunas de las tácticas empleadas por esta red de estafadores.
El drama se agrava al saber que las condiciones impuestas para acceder a las indemnizaciones, como demostrar pertenencia a una organización, dejaron fuera a miles de personas que se movían en la informalidad y la individualidad. Estos excluidos, sumidos en la precariedad y la desesperación, claman por una solución que el Estado hasta ahora no ha sido capaz de brindar.
En medio de esta crisis, la indignación crece, alimentada por la impotencia de las víctimas y la audacia de los estafadores. Es urgente que las autoridades tomen medidas drásticas para frenar esta red de corrupción y garantizar una indemnización justa y equitativa para todos los afectados por el derrame de Repsol. Es hora de poner fin a esta tragedia dentro de la tragedia y devolver la esperanza a quienes han perdido todo.
