Fiscal Edward Díaz Tantaleán fue el responsable de liberación a policías y narcos que habrían formado una organización de narcotráfico
Un reciente incidente de negligencia por parte de un fiscal ha llevado a la liberación de un grupo compuesto por hasta 17 oficiales de la Policía Nacional del Perú y miembros de una banda de narcotraficantes que operaban en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), quienes se habían asociado para obtener beneficios de actividades ilícitas. Este caso, conocido como «Mecanismo», se vio afectado por las acciones de Edward Díaz Tantaleón, quien forma parte de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.
Los avances iniciales de la investigación se produjeron cuando se reveló que una banda conformada por aproximadamente 20 traficantes de drogas utilizaba siete pistas de aterrizaje ilegales para el envío de cocaína a Bolivia desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Gracias a un proceso de monitoreo de llamadas telefónicas y vigilancia por video, en junio de 2019 se logró la captura de Julio Sánchez Talledo, conocido como ‘Sinchi’, junto con otras 13 personas. Entre los arrestados se hallaban el jefe de la comisaría de Pillcopata y dos agentes de esa misma unidad policial.
Después de la primera detención y la decisión de investigar a otros 17 oficiales, en diciembre de 2019 se logró arrestar a tres coroneles de la Policía Nacional: Manuel Mar Pérez (exjefe de la Región Policial de Cusco), Julio Rojas Briones (exjefe de Inspectoría de la Región Policial de Cusco) y el comandante Daniel Valdivia Oblitas (exjefe de la División Policial de Quipicachi-Urcos). Solo Manuel Mar Pérez no recibió prisión preventiva.
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De acuerdo con el semanario, varios de los arrestados en esa ocasión admitieron haber estado involucrados en el robo de cargamentos de los narcotraficantes, e incluso alquilaban sus rifles a los delincuentes. Lo más preocupante es que llegaron a financiar la producción de cocaína para obtener ganancias de ella, y culparon a los coroneles implicados, alegando que recibían ‘comisiones’ de los traficantes de drogas.
Uno de los suboficiales arrestados proporcionó información sobre cómo se distribuía el dinero obtenido de estas ‘comisiones’. En su declaración de 2019, mencionó que no solo ‘Sinchi’ ofrecía el dinero, sino también otros narcotraficantes de la zona conocidos como ‘Aguilar’, ‘Gringo’ y otros. «Si había S/ 10,000, al coronel le correspondían S/ 600, al comandante S/ 500 y al patrullero S/ 200, el resto se repartía entre ellos», declaró.
Con todos los involucrados claramente identificados y con las pruebas recopiladas mediante escuchas legales y seguimientos a los oficiales, el caso, que originalmente estaba en el Juzgado de Andahuaylas, fue transferido a Lima. En la capital, el fiscal Edward Díaz Tantaleán, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, asumió la investigación.
No obstante, Díaz separó la investigación en dos partes, una para los policías y otra para los narcotraficantes, lo que debilitó el caso. Además, su falta de acción para acelerar las investigaciones contribuyó a que, en 2022, todos los implicados fueran puestos en libertad y los oficiales que habían confesado su culpabilidad regresaran a sus funciones. Algunos de ellos incluso fueron ascendidos de rango en los meses siguientes.20
En abril de 2022, el Poder Judicial emitió una sentencia definitiva contra seis de los traficantes de drogas. Sin embargo, en ese momento, todos ellos tenían paradero desconocido, a pesar de haber estado en prisión unos meses antes, durante el período de investigación que el fiscal no llevó a cabo al ritmo necesario para mantener a los delincuentes bajo custodia.
El juez Víctor Zúñiga, quien revisó la carpeta remitida desde Andahuaylas, criticó el manejo del caso. El 2 de febrero de este año, Zúñiga señaló que «se han llevado a cabo muy pocas diligencias de investigación» durante todo este tiempo, destacando varias deficiencias en el proceso de investigación.
