Presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, no acudirá a la reunión
El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que convocó al Consejo de Estado para hoy a fin de intentar buscar una salida a la acción del Congreso de la República, de eliminar inmunidad parlamentaria y el antejuicio político del presidente, los ministros de Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional, los jueces y fiscales supremos así como otras autoridades que poseían dicha investidura.
“Necesitamos responsabilidad y corregirlo. Por eso, con la mejor voluntad de encontrar juntos una salida he convocado mañana al Consejo de Estado. Están citados y han confirmado la asistencia a las 10:00 a.m. todos los miembros, menos uno”, dijo el mandatario.
En ese sentido, Vizcarra informó a los peruanos que la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, no estará presente en la reunión, debido a que el pleno de su institución le recomendó que no acuda.
“La presidenta del Tribunal constitucional se ha excusado, dice que el Pleno del Tribunal Constitucional le ha dicho que no venga al Consejo de Estado porque ella está inmersa en este tema, porque esta norma compromete sus competencias del TC y al final ella tendrá que dar un opinión como parte del Colegiado del TC”, sostuvo el presidente.
Sobre la acción del Congreso de eliminar la inmunidad parlamentaria y eliminar el antejuicio político de altas autoridades, dijo que se tiene que corregir.
“De los dos pedidos, uno accedieron y aprobaron la ley donde dan la prohibición para que sean candidatos los que tienen sentencia en primera instancia. En el tema de la inmunidad parlamentaria realmente nadie sabe qué hicieron, hay que leer la norma. Qué hizo el Congreso, nadie sabe”, indicó.
“Así no podemos hacer reforma política. Como ha quedado ese artículo es realmente lamentable y tiene que corregirse. Tengo la plena seguridad que los propios congresistas han sido sorprendidos porque han votado por un texto que seguramente, al día siguiente, recién se dieron cuenta que no tiene una justificación legal ni constitucional”, agregó.
