Procurador Ramírez dice que hay «un cúmulo de pruebas»
El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, aseguró que la denuncia de la empresa Odebrecht en contra del Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) “va a seguir el camino del fracaso”.
Explicó que la constructora brasileña tiene “un acta de culpabilidad firmada” por dicho proyecto, por lo que “esa demanda se va a ir al fracaso”.
“Esa demanda [de Odebrecht] va a ser un fracaso, además, esa demanda, como su nombre lo dice, es una pretensión que va a seguir el camino del fracaso, porque ellos han admitido corrupción en el caso Gasoducto, tienen un acta de culpabilidad firmada”, sostuvo en diálogo con Panorama.
«No tengo ni la menor duda que esta demanda se va al fracaso«, remarcó
Ramírez detalló que el Estado peruano tiene “un cúmulo de pruebas” que servirá para que el Ciadi desestime la demanda de Odebrecht y recordó que el Perú ya ha ganado ante dicho organismo en otros casos por “evidencias de corrupción”.
Lea también: César Álvarez y Heriberto Benítez irán a juicio oral por el caso la Centralita
La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima llevará a juicio oral al exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, al excongresista Heriberto Benítez, entre otros 50 acusados y cuatro empresas involucradas en el caso La Centralita, entre ellas Odebrecht.
Cabe anotar que entre los principales imputados que han sido acusados por el fiscal provincial Elmer Chirre Castillo, están el exgobernador, contra quien se pide 35 años de prisión, la máxima pena permitida. Álvarez es acusado de asociación ilícita para delinquir, peculado, violencia contra la autoridad, colusión y lavado de activos, debido a que habría dirigido un aparato político, social y de prensa, integrado por funcionarios y servidores públicos que operaban al interior y fuera del Gobierno Regional de Áncash.
Asimismo, están incluidos Heriberto Benítez Rivas y Víctor Crisólogo Espejo, para quienes se ha solicitado 30 y 22 años de cárcel, respectivamente. A ambos se les atribuye haber interferido en el allanamiento del local ubicado en Chimbote.
