El acusado admitió por mensajes haber embarazado a la denunciante en diciembre de 2022. La medida busca asegurar su presencia durante el proceso
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, bajo la dirección de la jueza Dra. Melina Díaz Acosta, dictaminó siete meses de internamiento preventivo en el Penal de Pucallpa para Ever Sair Chuquipiondo Arimuya, de 24 años, implicado en un caso de violación sexual contra una adolescente de 13 años.
Los sucesos que fundamentaron esta decisión tuvieron lugar en enero de 2023, cuando la menor informó a su madre sobre un retraso menstrual de dos meses. Tras dos pruebas, una de orina y otra de sangre, confirmó su embarazo, indicando que el padre era su exnovio.
Según el testimonio de la víctima, en diciembre de 2022, se encontró con Ever Chuquipiondo en la casa de su tía. Él la llevó a una finca donde presuntamente consumieron marihuana y mantuvieron relaciones sexuales.
Después del encuentro, el imputado no habría vuelto a contactar con la víctima hasta que esta descubrió su embarazo y regresó a su hogar con su madre. La progenitora afirmó que, al ser cuestionado, el imputado negó conocer a su hija y mucho menos haber tenido intimidad con ella.
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Según la jueza, la argumentación del representante del Ministerio Público, el Dr. Sadat Pozo Yanac, cumple con los requisitos para imponer la prisión preventiva. Se respalda en elementos probatorios como la denuncia verbal y la declaración de la madre, el examen de embarazo en sangre de la menor, el certificado médico legal, la entrevista en cámara Gessell y capturas de pantalla de conversaciones entre la menor y Ever Chuquipiondo. Se destaca el reconocimiento de la paternidad por parte del investigado en dichas conversaciones.
En relación al cálculo de la pena, el delito de violación sexual implica una condena de más de cinco años de privación de libertad, incluso con la posibilidad de cadena perpetua, cumpliendo así el requisito para la prisión preventiva. A pesar de demostrar arraigo, la gravedad del cargo y la posibilidad de cadena perpetua justifican la decisión de la jueza.
En cuanto a la duración de la medida, la magistrada enfatizó que la prisión preventiva no es una sanción anticipada, sino una precaución para garantizar la comparecencia del imputado y el desarrollo adecuado del proceso penal. La jueza consideró que los siete meses de detención provisional son proporcionales y necesarios en este caso específico, buscando equilibrar la proporcionalidad y la necesidad en la medida cautelar.
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