Impulsan ley para protegerlas por uso de sus armas
El congresista Fernando Rospigliosi, integrante de Fuerza Popular y actual titular del Parlamento, presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 20 del Código Penal con el fin de eximir de responsabilidad penal a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FFAA) que actúen en cumplimiento de su función constitucional.
Cabe señalar que las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos humanos con apoyo de un sector del Ministerio Público realizan una cacería judicial a los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por hacer frente a las protestas violentas para socavar el sistema democrático.
De acuerdo con el texto, la norma se aplicaría a los efectivos que, en el uso reglamentario de sus armas o medios de defensa, causen lesiones o muertes mientras protegen bienes públicos, privados o la integridad física de las personas.
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El documento resalta que la iniciativa busca brindar un marco legal de respaldo a las fuerzas del orden, que actúan en contextos de alto riesgo durante manifestaciones o situaciones de alteración del orden público.
El proyecto también plantea una modificación al artículo 92 del Código Penal, la cual establecería que no corresponderá el pago de reparación civil a quienes estén exentos de responsabilidad penal bajo los numerales previstos en la norma.
En ese sentido, la reparación civil solo se aplicaría a los condenados penalmente, y no a quienes sean declarados exentos por haber actuado en el marco de sus funciones constitucionales.
Con este cambio, se busca evitar procesos judiciales y sanciones económicas a efectivos que, durante sus labores de seguridad, hayan hecho uso legítimo de la fuerza en defensa del Estado o de terceros.
El proyecto de ley incluye una Disposición Complementaria Transitoria que establece su aplicación retroactiva, beneficiando a agentes denunciados o procesados por hechos ocurridos durante las manifestaciones registradas entre 2022 y 2023.
Según la exposición de motivos, la iniciativa responde al contexto de violencia y enfrentamientos ocurrido tras la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como jefa de Estado, periodo en el cual se registraron ataques a infraestructuras públicas, bloqueos de vías y agresiones a efectivos policiales y militares.
El documento cita reportes de la Defensoría del Pueblo, que registraron 48 fallecidos y decenas de heridos durante las protestas, además de procesos judiciales abiertos contra más de 280 policías y 47 militares. El texto ahora deberá ser evaluado por las comisiones correspondientes del Congreso antes de su eventual debate en el Pleno.
