La acusan de pactar coima de S/ 1 millón por una licitación que no concluye
Continúa la cacería judicial contra Patricia Benavides. El Poder Judicial fijó para este lunes 29 de abril, a las 11:00 horas, una audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país por un plazo de 36 meses contra la suspendida fiscal de la Nación, acusada de liderar una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en la cúpula de esta institución.
La solicitud, emanada de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, busca restringir la movilidad internacional de la magistrada. La decisión está en manos del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que tiene una grama de pruebas que implican a la magistrada, según un comunicado difundido en la víspera.
El pedido se hizo al término de la operación “Valkiria XI”, que hasta el momento dio como resultado la detención preliminar de 7 personas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros, además de 21 viviendas allanadas.
Según la hipótesis del Ministerio Público, los exasesores de Benavides son acusados de ejercer presión indebida sobre legisladores para promover la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien era principal candidata a sucederla en caso de ser destituida.
La tesis alega, sin ninguna prueba, que esta organización intentó influir en la designación del defensor del Pueblo y en la remoción de integrantes de la JNJ en un esfuerzo por asegurar la permanencia de la exfiscal general, unos señalamientos que ella ha negado.
Nueva denuncia
Jaime Villanueva continúa revelando nuevos hechos al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. Ahora ha involucrado a Patricia Benavides, en el presunto direccionamiento de una licitación pública internacional a cambio de una supuesta coima de un millón de soles, contubernio en el que también habría participado el hoy detenido exasesor Miguel Girao.
Se trata de la licitación pública internacional 009-2023-MP-UE011-BID para la “Implementación del Data Center principal y Data Center de contingencia del Ministerio Público”, un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Todo inició cuando Jaime Villanueva se reúne con Grika Asayag, exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte, en un restaurante en la avenida La Mar, en Miraflores. En dicho encuentro, Asayag mencionó el nombre del empresario Giancarlo Valer Enciso, a quien el exasesor dijo ya conocer por haber trabajado con él en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Es entonces que coordinan una nueva reunión en donde estén los tres presentes.
Villanueva llevó a Miguel Girao, “para agilizar cualquier propuesta que les podría generar activos”, de acuerdo con la investigación. Ya en el nuevo encuentro, en el que también estaba presente el abogado Óscar Nieves, el empresario Giancarlo Valer Enciso comentó su interés para que una empresa a la que está vinculado gane la licitación pública internacional que lanzaría la Unidad Ejecutora 011-Carpeta Fiscal Electrónica del Ministerio Público por un monto de 141 millones de soles. A cambio del direccionamiento, ofreció a los exasesores una “buena cantidad de dinero”, 500 mil soles.
Sin embargo, relata la Fiscalía, los exasesores no tuvieron suerte en su intento de direccionar la licitación, por lo que se vieron en la obligación de recurrir a Patricia Benavides. El empresario entregaría un millón de soles a la exfiscal de la Nación si se concretaba su deseo.
A la fecha, la convocatoria sigue abierta. Para el EFICCOP, se estaría buscando que “la empresa ganadora sea aquella que se ha pretendido con antelación, que es la empresa vinculada a Giancarlo Valer Enciso”.
