Con 14 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó que Jorge Luis Salas Arenas sea denunciado constitucionalmente por, presuntamente, intervenir para que su exasesor sea contratado en la Corte Superior de Justicia del Callao.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento aprobó este viernes el informe que recomienda denunciar constitucionalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Sin debate previo, y con 14 votos a favor, 2 en contra y una abstención, dicho grupo de trabajo aprobó que el referido magistrado sea denunciado por, presuntamente, en su calidad de juez supremo, intervenir ante el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, para que su exasesor Pavel Cárdenas Peña sea contratado en dicha sede judicial, el año 2017.
Por ese motivo, el pasado 22 de marzo, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el titular del JNE por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
Los votos a favor de la procedencia del informe fueron Lady Camones y Edith Julón, de Alianza para el Progreso; Jorge Montoya y José Cueto, de Renovación Popular; Patricia Juárez, Eduardo Castillo y Juan Lizarzaburu, de Fuerza Popular; Diego Bazán y Norma Yarrow, de Avanza País; Segundo Montalvo e Issac Mita, de Perú Libre; Kira Alcarraz y Francis Paredes, de Podemos Perú; y Jorge Coaguila de Perú Bicentenario.
En contra fueron los votos de Elizabeth Medina y Alex Paredes, del Bloque Magisterial.
El pasado 24 de marzo, Jorge Luis Salas Arenas, juez supremo titular y presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció, por medio de un pronunciamiento público, que renunciará a su derecho al antejuicio para afrontar las investigaciones en su contra llevadas a cabo por el Ministerio Público.
Esto, luego de que el fiscal de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el referido magistrado por ser presunto instigador del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
