El Tribunal que evaluará la apelación del caso Los Dinámicos del Centro, estará conformado por la magistrada que redujo la pena de cárcel de Vladimir Cerrón y también otro juez que falló en casos relacionados con el exgobernador, entre otros.
La apelación del caso de Los Dinámicos del Centro será evaluado hoy por un tribunal superior de la Corte Superior de Justicia (CJS) en Junín. Esta audiencia se hará de manera pública desde las tres de la tarde. Bonnie Bautista, fiscal anticorrupción, presentó una apelación rechazando los 36 meses de prisión preventiva para 20 investigados de la presunta red Los Dinámicos del Centro. Esta red involucraría a dirigentes del partido Perú Libre y a personas cercanas a Vladimir Cerrón.
La jueza July Baldeón, declaró en primera instancia que la medida solicitada por el Ministerio Público era infundada. La audiencia será vista por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos Corrupción de Funcionarios de la CSJ de Junín. El fiscal superior Ramón Vallejos Odría, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, sustentará este recurso.
Liliam Tambini Vivas, Julio César Lagones Espinoza, Atilio Quispe Cama conformarán este colegiado. Atilio Quispe Cama será el titular en este tribunal.
En el 2019, el juez superior Carlos Carvo Castro, declaró tener una “amistad” con Cerrón y por ello solicitaba apartarse de revisar la sentencia por negociación incompatible, solicitud que fue rechazada por Tambini Vivas y Quispe Cama, quienes conformaron parte de este colegiado.
Tambini Vivas y Carvo Castro conformó otro tribunal en el que se decidió rebajarle la pena a Vladimir Cerrón. Dicha decisión, hizo que la exautoridad regional pudiera dejar la cárcel.
La fiscal Bautista pide que sean evaluados en esta apelación otros argumentos como: el comportamiento procesal durante los días que estuvieron detenidos, la pertenencia a una organización criminal y el peligro de obstaculización; pues considera que no han sido tenidos en cuenta por parte de la jueza Baldeón.
También expresó que existiría un posible peligro de entorpecer la labor fiscal, esto debido a que los investigados tuvieron acceso a los documentos judiciales. “Antes de la ejecución de la medida, estos ya tenían acceso a parte de la resolución judicial […] pero presumiéndose que es por el poder que tienen a través del partido político de turno que se encuentra a cargo de la gestión regional 2019-2022”.
