Madrid beneficiará a 700.000 contribuyentes, con un coste fiscal de 92 millones de euros
La Comunidad de Madrid ha aprobado este martes un nuevo proyecto de Ley con una batería de deducciones en el IRPF que suponen un coste fiscal de 91,9 millones de euros. De todas estas medidas podrán beneficiarse casi 700.000 contribuyentes madrileños, según cálculos del Gobierno regional.
El paquete incluye la ampliación del porcentaje de bonificación en tres deducciones ya existentes y la creación de otras tres nuevas ventajas fiscales relacionadas con el cuidado de personas mayores en el entorno familiar, el arrendamiento de viviendas y los estudios superiores.
La iniciativa de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo será remitida el miércoles a la Asamblea legislativa para iniciar su tramitación parlamentaria y su aplicación está prevista a partir de este próximo año, «ayudando así a las familias madrileñas ante el incremento de los precios, el coste de la energía y la situación de alta inflación», según explica el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en una nota.
En la nueva rebaja por cuidado de personas mayores, los contribuyentes podrán aplicar una deducción de 500 euros por cada ascendiente mayor de 65 años o con discapacidad, por el que puedan aplicarse el mínimo por ascendientes que recoge la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción respecto de los mismos ascendientes, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.
Según ilustra el Gobierno regional de Madrid, podrá aplicar esta ventaja un contribuyente con sueldo anual de 30.000 euros brutos, con un hijo menor de tres años y con ascendiente a cargo que convive y tiene rentas inferiores a 8.000 euros. La cuota íntegra autonómica, de 2.001,66 euros, se reducirá hasta los 1.501,66 euros.
Alquiler
Los contribuyentes que tengan inmuebles arrendados como vivienda podrán deducirse el 10% de las cantidades satisfechas en el ejercicio por gastos de conservación y reparación, la formalización de contratos de arrendamiento, primas de seguros por daños e impagos y la obtención de certificados de eficiencia energética vinculados con tales arrendamientos, con un límite de deducción de 150 euros anuales.