Por: Pablo Carranza
– ¿Cuál es su primera impresión sobre la suspensión de la construcción del puente de la bajada Armendáriz en Miraflores?
Bueno, el caso acá es que la Contraloría, que es la que tiene que intervenir siempre en estos casos en los cuales se presentan problemas en la ejecución de alguna obra, va a tener que averiguar, sobre lo que el alcalde Carlos Canales ha señalado, de que han sido frecuentes los incumplimientos porque de acuerdo a la ley de contrataciones, las justificaciones son siempre por causas de fuerza mayor, en lugar de problemas con la naturaleza, cosas que acá no se han presentado, que tienen que ser sancionadas. Es decir, que se han colocado y se han establecido las multas correspondientes que la legislación nacional establece. Entonces, la Contraloría lo que tiene que averiguar es, si esto ha sido un tema frecuente, cuáles han sido las acciones que la alcaldía de Miraflores ha adoptado para resolver este tipo de situaciones. Un segundo tema, es relacionado a lo que podría argumentar la empresa, que sería la demora en los pagos. Hay que tener en cuenta, que, en este tipo de trabajos, lógicamente la empresa contrata a terceros para algunos servicios, desde la adquisición de los tubos para los efectos de la instalación o la estructura del puente, o el alquiler de maquinaria que se haya necesitado para hacer la colocación de los mismos. ¿Qué ha pasado ahí? Porque se supone que esto ha sido una cadena de incumplimientos. Si la municipalidad incumple con la empresa, en términos económicos, la empresa también arrastra en la cadena de pagos una mora a quienes son sus proveedores.
– Entonces ¿la Municipalidad también debería ser investigada por esta situación?
Claro, porque solamente los retrasos que se presuman en ejecución de obras, o debería ser también la demora en los pagos que puede efectuar la entidad a un contratista. O sea, son por dos lados, o es el contratista que no tiene dinero para poder solventar las adquisiciones de bienes y de servicios para cumplir con su contrato, o bien es la entidad la cual demora. O sea, no es extraño que haya este tipo de situaciones. Entonces, acá lo que hay que ver es qué cosa es lo que la Contraloría detecta, quién es el responsable en realidad, o es el contratista o es la municipalidad. No hay otro culpable.
– Ahora, esta empresa constructora estaba sancionada por Provías Descentralizado ¿esto es algo que debió saberlo la Municipalidad de Miraflores?
Es que en realidad solamente cuando hay una inhabilitación para contratar con el Estado, una entidad puede negarle la participación en un proceso de selección a una empresa. Es un poco la presunción de inocencia. Hasta que no termine el procedimiento administrativo por parte del Tribunal de Contratación del Estado, la empresa puede seguir contratando con el propio Estado. Hasta que no termine, se presume que podría concluir el procedimiento en que sea inhabilitado para contratar con el Estado por un determinado tiempo. En este caso, sólo si hubiera estado inhabilitado para contratar y se hubiera contratado, ahí sí obviamente habría responsabilidad por parte de la entidad y de los funcionarios que no tuvieron ese cuidado. Pero repito, eso es difícil que ocurra en una ciudad como Lima. Es cierto, varias veces ha habido denuncias en el interior del país y la frecuencia fue mucho mayor antes que tuviéramos un sistema mucho más eficiente de bases de datos, de acceso a la información por Internet, en la cual las entidades en el interior del país podían argumentar de que no tenían acceso a la información.
– ¿Esto también es responsabilidad del alcalde de Miraflores Carlos Canales?
Bueno, recordemos que la intervención del alcalde es como representante legal de la entidad. Se le puede acusar a él de algo, pero lógicamente sus abogados lo sacarán de cualquier acto de investigación, aduciendo que él no es el que firma los documentos. Lo que hay es evidentemente una responsabilidad de carácter político porque se supone que el alcalde cuando informa a la población sobre los avances de una obra es porque los funcionarios que están a cargo, los funcionarios que él ha designado en algún momento, le están informando y se supone que le están informando bien. Entonces, la responsabilidad del alcalde obviamente que existe, pero es una responsabilidad política porque él es el que designa a esos funcionarios que son de confianza. Entonces, debería haber tenido más cuidado. Si es que se probara que hay una negligencia en la administración, lógicamente la responsabilidad será política.
– ¿Considera que deben hacerse públicos todos los detalles del contrato?
Bueno, en este tema de los contratos, toda la información está colgada en la página web del organismo supervisor de las contrataciones y cuando hay fallos después de procedimientos administrativos sancionadores, en la parte que corresponde al manual de contrataciones del Estado. O sea, la información no es una información reservada. Imagino que tiene que estar colgada en la web. El problema se presenta en la ejecución de contratos. Usualmente los contratos se realizan de acuerdo a los términos de referencia que han sido aprobados por la entidad. Se supone que, si han sido aprobados por la entidad, lo que se tiene que hacer es darle cumplimiento a los mismos. Cuando hay problemas en ejecución, empiezan a surgir los incumplimientos de contratos, que pueden dar lugar a una situación como esta de pretender resolver el contrato. Desconozco si el contrato ya fue resuelto, porque lo que leí del comunicado de la municipalidad era su intención de hacerlo, pero el tema es si ha resuelto el contrato o no. Si se ha resuelto el contrato, obviamente hay que convocar a un nuevo proceso.
