Destruyó la inversión, la propiedad, la producción y la confianza, señala congresista Maricarmen Alva

 

Valeria Ponce

La congresista Maricarmen Alva sostiene que la llamada reforma agraria de Juan Velasco Alvarado no fue una reforma sino una expropiación ideológica ejecutada sin planificación, que destruyó la propiedad, la inversión y la capacidad productiva del agro peruano. A 57 años de aquel decreto ley, afirma que la pobreza rural nació en 1969 y que el Estado aún mantiene una deuda moral y jurídica con las familias afectadas.

 

– 57 años después del decreto que firmó Velasco el 24 de junio de 1969, ¿cómo califica esta medida? ¿Fue realmente una reforma agraria?

Fue llamada reforma agraria, pero en la práctica todos sabemos que fue una expropiación vacía, ejecutada sin planificación, sin respeto pleno a la propiedad privada y sin un modelo productivo sostenible. Había problemas reales en el campo, sí, pero la respuesta de Velasco fue ideológica y terminó destruyendo la capacidad productiva.

 

– ¿Considera que la reforma agraria fue el mayor error económico y social del siglo XX en el Perú?

Sí, creo que fue uno de los errores más graves. Destruyó la inversión, la propiedad, la producción y la confianza. Probablemente comparte ese lugar con otros errores estatistas, pero la reforma agraria tuvo un impacto estructural porque golpeó directamente al campo y sus consecuencias siguen presentes. La pobreza rural nació en 1969, y se fue profundizando en los años siguientes al quitarles de la noche a la mañana las tierras a quienes las gestionaban y administraban, para dárselas a trabajadores sin la capacitación ni los instrumentos necesarios para producirlas. Sonaba muy bonito, democratizar y dar oportunidades a todos los peruanos, pero no de esa manera.

 

– ¿El Estado peruano tiene una deuda pendiente con quienes perdieron sus tierras en 1969 y nunca recibieron una indemnización justa?

Evidentemente, el Estado peruano tiene una deuda moral, histórica y jurídica con muchas de esas familias afectadas. No podemos hablar de justicia social cuando se vulnera el derecho a la propiedad y nunca se pagó una compensación justa, que hasta el día de hoy sigue siendo exigida.

 

– ¿Cómo evalúa el balance del agro peruano a 57 años de la reforma?

Se ven claramente las consecuencias. Pasaron muchos años para recuperarse: expropiar las tierras a sus dueños para entregarlas a trabajadores sin capacitación de gestión fue un retroceso que duró décadas. Hoy estamos en otros tiempos. Perú es potencia en arándanos, espárragos y palmas, gracias a nuestra biodiversidad climática. Pero ese camino tomó mucho tiempo. Sin embargo, sigue pendiente la falta de titulación formal de los predios rurales, que continúa bloqueando la inversión en el campo. Es un fracaso actual y, a la vez, una herida abierta que dejó la reforma agraria. La reforma dejó una enorme informalidad sobre la propiedad rural y los gobiernos posteriores no tuvieron la capacidad de cerrar esa herida. Todos sabemos que sin título no hay crédito, no hay inversión y no hay futuro para el agricultor.

 

– ¿Qué responsabilidad concreta le corresponde al Congreso para proponer una agenda integral que repare los vacíos históricos que dejó el desmantelamiento de la reforma agraria de Velasco, más allá de las leyes puntuales?

Considero que la responsabilidad del Congreso no pasa por volver al pasado, sino por resolver los problemas que quedaron pendientes y que todavía afectan a miles de agricultores peruanos. Durante muchos años, después del desmantelamiento de la reforma agraria, el Estado dejó de acompañar adecuadamente al pequeño productor. Se generaron problemas de informalidad en la propiedad, falta de ordenamiento territorial, dificultades para acceder al crédito y una gran brecha entre la agricultura familiar y los sectores más desarrollados del agro.

Por eso, desde este Congreso hemos impulsado medidas concretas para enfrentar esos problemas estructurales. Un ejemplo es la Ley N° 32371, que modifica la Ley N° 31145 y amplía el plazo de posesión para que más agricultores puedan acceder a la formalización de sus predios rurales. Parece una medida simple, pero para miles de familias significa tener seguridad jurídica sobre la tierra que trabajan desde hace años y la posibilidad de acceder a financiamiento, asistencia técnica y programas del Estado. Lo que buscamos con esta norma es precisamente avanzar en uno de los temas que quedaron sin resolver: el ordenamiento territorial y la formalización de la propiedad rural. Porque sin títulos claros, sin seguridad jurídica y sin una adecuada planificación del territorio, es muy difícil que el agricultor pueda desarrollarse y mejorar su calidad de vida.

El reto es construir una verdadera política de desarrollo rural que articule acceso a la tierra, infraestructura de riego, asistencia técnica, innovación, asociatividad y acceso a mercados. Esa es la tarea pendiente del Estado y también la responsabilidad que tenemos como Congreso: crear las condiciones para que nuestros agricultores no solo produzcan más, sino que vivan mejor y tengan oportunidades reales de progreso.

 

– ¿El Congreso ha legislado a favor de los pequeños productores agrarios y qué queda pendiente para reducir la desigualdad estructural que arrastra el campo peruano?

Considero que el Congreso sí ha legislado a favor de los pequeños productores agrarios y un claro ejemplo de ello es la reciente Ley N° 32434, que busca promover la formalización de miles de agricultores, esta norma reconoce la realidad de la agricultura familiar y establece un tratamiento tributario diferenciado para los pequeños productores agrarios inscritos en el Padrón de Productores Agrarios. Estas no buscan recaudar más, sino incentivar la formalización, permitiendo que los pequeños productores puedan acceder a financiamiento, programas estatales, asistencia técnica y nuevas medidas en mejores condiciones.

Sin embargo, también debemos reconocer que la formalización tributaria por sí sola no resuelve todos los problemas del agro. El Ejecutivo también está llamado a complementar estas medidas con mayores inversiones en infraestructura de riego, asistencia técnica, innovación tecnológica, acceso al crédito y fortalecimiento de las organizaciones de productores. El reto no es solo corregir desigualdades históricas, sino generar oportunidades para que nuestros agricultores sean más productivos, competitivos y puedan mejorar su calidad de vida. Por ello, considero que vamos en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. En esa misma línea, el Perú avanza en su proceso de adhesión a la OCDE, ya se han aprobado siete capítulos y se proyecta que ingresaríamos en 2028. Estamos en buen camino.

 

– ¿Por qué el legado ideológico de Velasco sigue siendo una amenaza vigente en la política peruana actual?

El legado ideológico de Velasco sobrevive en la política actual, y el Perú no puede seguir debatiendo ideas de hace medio siglo. Ese discurso resurge cada vez que se plantea que el Estado debe controlar la economía y enfrentar al sector privado, dividiendo al país entre pueblos y empresas. Puede sonar atractivo para cierto sector, pero la historia demuestra que termina generando más pobreza, y los más pobres son quienes más sufren. No estamos en la época en que el Estado tiene que ser el principal actor de la economía; tenemos una economía social de mercado consagrada en la Constitución. Son ideas ya trasnochadas. Esos 12 años de dictadura de Velasco Alvarado fueron lo peor que pudo pasarle al país, económica y políticamente, 12 años de paralización.

 

– ¿Considera que el Congreso debería emitir una declaración que condene históricamente la reforma agraria para que no vuelva a surgir como propuesta?

En el Congreso defendemos la Constitución y la economía social de mercado, y muchos grupos parlamentarios lo decimos siempre en los debates cuando la izquierda radical plantea lo contrario. En cuanto a una declaración formal, el siguiente Congreso podría considerarlo, pero habría que revisar también los archivos, estamos en 2026, ya pasó mucho tiempo, y es posible que Congresos anteriores, desde la transición a la democracia en 1980, ya se hayan pronunciado al respecto.

Lo que sí es claro es que siempre habrá voces radicales que planteen una segunda reforma agraria. La primera fue un desastre que destruyó la economía. Cuando se les pregunta concretamente qué proponen, no plantean nada con sustento. El próximo Congreso, diputados y senadores, tendrá la responsabilidad de ser muy cuidadoso con las normas que se presenten y que no deban aprobarse.

 

– ¿Cuánto le costó al Perú el giro ideológico de Velasco en materia de relaciones exteriores? ¿Hemos recuperado esa confianza internacional?

Toda dictadura trae aislamiento y falta de reconocimiento internacional, y eso implica un retraso en un mundo globalizado donde las relaciones con los vecinos y el derecho internacional son fundamentales. Hoy tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos y con la comunidad internacional en general; contamos con una Cancillería de gran prestigio, Torre Tagle, formada por técnicos que han sostenido la política exterior con continuidad. El riesgo es que, si llega un presidente con ideas comunistas, socialistas o estatistas que quiera darle otro rumbo a las relaciones exteriores e imponer otras órdenes a la cancillería, eso sí representa un peligro real.