La crisis de infraestructura educativa golpea con fuerza al Perú rural y expone una deuda histórica del Estado con miles de escolares.

Más de 26 mil colegios rurales del Perú funcionan hoy en condiciones críticas. En muchas escuelas, los niños reciben clases entre paredes rajadas, techos oxidados y aulas que podrían colapsar ante una lluvia intensa o un sismo moderado.

Detrás de esa realidad hay una cifra alarmante: el 57% de locales educativos rurales necesita ser reconstruido por completo, según datos oficiales del Ministerio de Educación.

La cifra refleja una realidad que se repite en distintas regiones del país: paredes rajadas, techos con filtraciones y ambientes improvisados donde los escolares intentan continuar sus clases pese al peligro.

Para cerrar esa enorme brecha y garantizar una infraestructura educativa digna, el Estado tendría que invertir cerca de S/ 99 mil millones, según estimaciones de especialistas en educación.

El monto supera el presupuesto anual de varios sectores estratégicos y deja al descubierto la distancia entre las promesas oficiales y la realidad que enfrentan las familias de las zonas rurales.

Comunidades que sostienen

En regiones como Cajamarca, Apurímac, Huancavelica y Puno, el deterioro de las escuelas rurales se ha convertido en una escena cotidiana.

Muchos de estos locales fueron levantados en los años 70 con materiales poco resistentes y hoy sobreviven gracias a reparaciones hechas por las propias comunidades: paredes reforzadas con barro, techos de calamina y estructuras parchadas para evitar el colapso.

En la provincia de Chacas, en Áncash, una directora de una Oficina Local de Educación describió al diario El Comercio la dramática situación que viven cientos de colegios.

“En el campo, la escuela no es solo un edificio, es un acto de resistencia social. Los padres juntan madera, mezclan cemento y ponen vigas para que sus hijos no se queden sin aula. Eso es coherencia; lo que falta es inversión estatal”, sostuvo, en declaraciones a la prensa regional.

Riesgo para niños

La precariedad de la infraestructura también impacta directamente en la salud de los estudiantes.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, tras supervisar 412 escuelas rurales, detectó que el 90% presenta infraestructura deficiente, con aulas deterioradas, pisos de tierra y servicios higiénicos en malas condiciones.

Aunque el 92% cuenta con algún tipo de servicio sanitario, el 80% utiliza letrinas de silo, muchas de ellas sin agua ni mantenimiento adecuado.

Estas condiciones incrementan el riesgo de enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud entre escolares que permanecen varias horas al día en ambientes reducidos y poco salubres.

“La educación rural en el Perú no solo enfrenta problemas de infraestructura, sino también de dignidad y de reconocimiento. Cuando los niños estudian en aulas sin agua, sin electricidad y sin servicios mínimos, se envía un mensaje de que sus vidas valen menos que las de los niños urbanos”, sostuvo Francesca Uccelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, en una entrevista para RPP.

Para Uccelli, la brecha entre el campo y la ciudad también se expresa en la calidad de los espacios donde aprenden los estudiantes: “la diferencia entre una escuela con paredes robustas y una que se mantiene en pie por la gravedad de la voluntad”.

Faltan profesores

La crisis de infraestructura se agrava aún más por la falta de docentes en zonas rurales.

En una supervisión realizada en más de 500 colegios públicos, la Defensoría del Pueblo identificó 30 plazas sin cubrir y detectó la ausencia de profesores en 72 instituciones educativas durante el horario escolar.

En varios casos, las inasistencias respondían a motivos personales sin justificación documentada, evidenciando la falta de control y supervisión en territorios donde cada docente resulta indispensable.

“La falta de docentes en el campo es una herencia de la discriminación territorial. Los profesores prefieren trasladarse a ciudades donde hay más apoyo, mejores condiciones y menos riesgos. El Estado ha permitido que el abandono se vuelva sistema”, afirmó Luisa Córdova, representante de la Defensoría del Pueblo.

Córdova advirtió que la ausencia de maestros en escuelas vulnerables “agrava la brecha de aprendizaje y condena a los niños rurales a repetir el ciclo de pobreza”.

Pedido urgente

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo solicitó al Minedu y al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) acelerar las inspecciones técnicas en colegios rurales, especialmente en servicios higiénicos e instalaciones eléctricas.

Además, pidió agilizar la transferencia de recursos hacia las UGEL y comunidades donde la precariedad de los colegios incrementa el riesgo de accidentes, enfermedades y deserción escolar.