Frenan cultivo alternativo a hoja de coca pese a ley de promoción del sector, señala

El expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, acusó a Sunat Aduanas, Indecopi y al Ministerio de Energía de sabotear a la industria de los biocombustibles en el país, pese a que existe una ley de promoción de dicho sector.

A inicios de abril, el Congreso de la República oficializó la Ley N° 32276, modificando la normativa de promoción del mercado de biocombustibles que busca fortalecer su producción y promover su consumo.

Se estableció un plazo máximo de 90 días para que el Gobierno adecúe los reglamentos existentes, incluyendo el de la ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles y el de Comercialización de Biocombustibles. Sin embargo, ello no ha ocurrido.

«La Ley 32276 salió en abril, se han dado 90 días para que estuviera reglamento, esos 90 días se vencieron, y la están dando de largas porque sencillamente no quieren. Y esto ya tiene un antecedente. En el 2003, cuando salió la ley, el lobby de los refineros de petróleo en Perú no permitió que hubiera reglamento hasta el 2007. Cuatro años de discusión. Parece que quieren el mismo camino esta vez», aseveró Gutiérrez.

Señaló que la industria local está en crisis debido a que Petroperú prefiere el producto importado. Lo grave es que dicho producto llega a nuestro país como venta oculta, ya que procede de países que tienen subsidios al biodiesel.

Recalcó que en 2010, Indecopi impuso derechos compensatorios antidumping a (importaciones del) biodiesel americano y en el 2016 hizo lo mismo con el biodiesel argentino.

Sin embargo, los comercializadores le sacan la vuelta a la ley adquiriendo en EEUU y Argentina, y cuando llegan al Perú lo ingresan como si fuera procedente de otro país.

Esta triangulación marítima para eludir derechos se da en la cara de Indecopi, que no adopta ninguna medida.

La Organización Mundial de Comercio tiene un portal de información que se llama Tradermap donde se publican las exportaciones de cada país productor y el destino a donde van las exportaciones.

“Ahí se señala que desde el 2018 se viene exportando biodiesel desde Estados Unidos al Perú, pero cuando tú revisas en Sunat Aduanas, ni una gota de biodiesel americano entra. Ello porque en el trayecto le cambian los documentos del origen del producto. Esto le compete a Sunat Aduanas. Cómo puede ser posible que hay información oficial de exportación a Perú. Y en Perú no ingresa. También debería investigar Indecopi que está en su derecho», dijo.

AUMENTO DE MEZCLA

De otro lado, consideró que la rama de producción nacional podría pedir un incremento en la participación porcentual del biodiesel en el diésel. “Normalmente, en otros países, el 5% están en 10%. Pero acá no hay el mínimo interés por el lobby de las refinerías. A las refinerías no les gusta el biodiesel. Entonces, es un objetivo también que plantea esta nueva ley, que es un tema para discusión”.

El especialista recordó que «existe una obligación normativa que dice que la mezcla de diésel con biodiesel pierde el 5% de biodiesel en la mezcla. Esa es una norma del año 2009. Eso no se ha modificado. Ahora, desde el 2003, que se promulgó la Ley de biocombustibles, hubo grupos empresariales que apostaron por hacer el ciclo de la palma aceitera, que consistía en cultivo de palma, plantas extractoras de aceite del fruto de la palma y plantas productoras de biodiesel. Todo eso se llama la ‘Rama de producción nacional de biodiesel’. Había una ley que lo promovía y esta tenía lógica porque la palma aceitera se siembra perfectamente en Huánuco, San Martín, Ucayali y Loreto, que todas son zonas donde existe el cultivo de coca. Entonces, planteó que esto sería un cultivo alternativo y bastante rentable para las familias, porque rendía una cantidad de dinero más atractivo que cultivar hojas de coca».

TRABAJADORES

Refirió que «a la fecha hay 8,000 familias en esas cuatro regiones que se dedican al cultivo de palmas y es un trabajo directo que se genera. Pero a veces es un trabajo indirecto porque cuando se extrae el fruto de la palma, se lleva a una planta extractora de aceite, ya se puso una industria de extracción de aceite, y se involucró un sistema de transporte del campo a la planta extractora. Una vez que tienes el aceite, lo tienes que llevar a la planta productora de biodiesel. Entonces, creas otra cadena de trabajo que es el transporte de la planta de aceite a la planta de biodiesel. Y luego la planta de biodiesel crea más trabajo, porque son todas las personas involucradas en la producción de biodiesel. Es un ciclo virtuoso que tranquilamente puede ocupar trabajo directo»

«Si el gobierno se preocupara de una política sana, de libre competencia, este Interrama Productor Nacional puede tener mucho más espacio en el abastecimiento local, y no el 20% que tiene hoy día. Entonces, el tema no es que los palmicultores estén pidiendo un favor. Lo que están pidiendo es competir», finalizó.

Lee también:

Ministerio de vivienda otorgará títulos de propiedad a familias de la isla Chinería

INCLUSIÓN SOCIAL

Reiteró que desde el 2003 en Perú se apostó mediante ley (28054) por crear una cadena productiva local de biocombustibles, más que pensando en temas ambientales, en generar inclusión social en las zonas rurales; y en el caso de la palma aceitera, en un cultivo alternativo al arbusto de hoja de coca.

Anotó que empresas privadas del sector caña de azúcar y de la palma apostaron creyendo en la ley que tenía como intención promover la producción local.

“Con el correr del tiempo, el Estado no fue ningún promotor de la industria de los biocombustibles. Devida, que debió ser la principal institución estatal interesada en tener en la palma un cultivo alternativo –que podía desarrollarse en las regiones de Huánuco, San Martín, Ucayali y Loreto– se desentendió del tema”, dijo.

Indicó que tanto Petroperú SA como la Refinería La Pampilla SA, que eran los principales compradores, se convirtieron en los mayores opositores a la promulgación de un reglamento, que demoró cerca de cuatro años en publicarse.

CUESTIONAMIENTOS

La cosa no quedó allí, dijo, porque también fueron duros críticos, injustificados, de la calidad del producto local.

“En ambas empresas sus funcionarios, conocedores de las cotizaciones en el mercado internacional, se hicieron de la vista gorda de importaciones a precios de dumping y a prácticas elusivas de los proveedores, que utilizaban triangulaciones marítimas para no pagar derechos antidumping y compensatorios impuestos por Indecopi”, cuestionó.

A pesar de este tortuoso camino, las cadenas productivas locales han subsistido durante 22 años, y este 2025 han renovado sus esperanzas al promulgarse en abril pasado la ley 32276, pendiente de reglamentarse y que nuevamente el Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), camina con pies de plomo.

“Hoy, las cadenas productivas locales, tanto del etanol como del biodiésel, tienen capacidad para atender la demanda nacional, además de calidad y precios competitivos ante las importaciones. Y lo que esperan del reglamento, no es ningún favoritismo, sino de un trato no discriminatorio, y que vete las adquisiciones internacionales que usen prácticas contrarias a la libre competencia”, expresó.

“Los productores de etanol hoy alzan la voz exaltando sus virtudes en la prensa económica y desde el Minem responden con la promesa de incrementar la participación volumétrica porcentual en la mezcla, que es actualmente de 7.8%. Sin embargo, a los palmicultores le cuestionan arbitrariamente el biodiésel producido con su producto. Una animadversión injustificada a un conjunto de 8,000 familias. Corresponde indagar esta conducta anómala de los funcionarios gubernamentales”, señaló.

RECONVERSIÓN 

De otro lado, el presidente de la Asociación Peruana de Productores de Palma Aceitera – PERÚ PALMAS, Ledgard Arévalo Díaz, lamentó que el Ministerio de Energía y Minas, asi como otras autoridades del gobierno, no defiendan la industria nacional de los biocombustibles, la cual ha permitido que 50 mil hectáreas que antes se dedicaban a la siembra de hoja de coca ahora siembren palmas aceiteras.

Dijo que «desde el 2018 hemos estado gestionando esta modificación de la ley que data del año 2003, pero que en realidad era letra muerta con relación a nosotros los palmicultores, porque nosotros al incursionar en el cultivo de la palma aceitera hemos tenido que dejar de lado los cultivos ilícitos de la hoja de coca y más de cincuenta mil hectáreas prácticamente que han sido cocales se han convertido en palmerales. Hoy cuando ya desarrollamos el cultivo, no queremos dar pie atrás, al contrario queremos ser un ejemplo para otras zonas donde hay influencia del narcotráfico para que puedan ellos también pasar a la formalización con este cultivo que es rentable y sostenible en el tiempo porque nos permite cosechar dos veces al mes y en el año hacemos 26 cosechas».

Ante ello, explicó que “se está exportando pero hay riesgos en la exportación y si tenemos un mercado nacional porque no participar aquí, si son más de 300 mil toneladas. En la última reunión nos dijeron, hay 5% más adicional a los años anteriores en la demanda nacional de biodiesel, entonces si tenemos un mercado y tenemos la calidad técnica también para procesar biodiesel por qué nos cierran las puertas. Han mencionado sobre el etanol de caña de azúcar que también compite con el etanol de maíz que viene de EEUU y viene con dumping y subsidios. Todo el etanol que se produce en el país se va al extranjero, pero por qué pasa eso».

Pero recordó que, «se habla del bioetanol, que posiblemente le van a incrementar el porcentaje y por qué al  biodiesel de palma no le incrementan desde el año 2011, estamos con la obligatoriedad de mezcla de 5%, entonces lo que queremos es modificar también el reglamento que mediante un nuevo decreto supremo pueda realizarse un cuadro para ir gradualmente incrementando también la mezcla porque hay una tabla de dos que ya empezó en 2008 y terminó el 2011. En 2011 empezó B5 y de ahí salta a B20 es como como declararlo imposible. Entonces, lo que queremos es que gradualmente se ponga ahí el cuadro y que pueda incrementarse a 7.5 a 10% a 15% y a 20% posteriormente y hay una consultoría que se ha hecho donde recomiendan al Ministerio de Energía y Minas para que se pueda incrementar la mezcla la obligatoriedad de mezcla a 7.5% de biodiesel y la diferencia sería 92.5% de diésel o petróleo. Con eso vamos a mejorar la calidad del aire que se respira en las grandes urbes”.

ALTA CALIDAD

En esa línea, apuntó que el biocombustile de aceite de palma «es de mejor calidad porque disminuye la contaminación ambiental, miren como cacarean los colombianos con B10, cuando ellos llegaron a B10 decían: «mejoramos la calidad del aire que se respira en las grandes ciudades» porque técnicamente se ha demostrado que baja el azufre que emiten los vehículos, mejoran los motores. Entonces, al haber menos etano, menos azufre en la emisión de los vehículos se da menos contaminación al ambiente. Eso es lo que no quieren acá percibir y no apuntan».