Dos ministras de Estado han desestimado la idea de que el gabinete ministerial se encuentre en una situación de crisis
Nancy Tolentino, Ministra de la Mujer, ha destacado que la dimisión de un colega no implica necesariamente que el gabinete esté enfrentando dificultades significativas.
Durante el lanzamiento de la campaña «¡Actuémos ya! Salvemos a las niñas de la violencia sexual», subrayó que el gabinete continúa trabajando hasta que se le retire la confianza para avanzar en beneficio del país.
Por su parte, Hania Pérez de Cuéllar, Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha afirmado que no se percibe una crisis en el gabinete ministerial. Ni debido a la renuncia de Gervasi al cargo de canciller, ni por la posibilidad de una moción de censura contra el Ministro del Interior, Vicente Romero.
«Nosotros no vemos ni sentimos una sensación de crisis, al contrario, el gabinete continúa operando. Hemos tenido una reunión del Consejo de Ministros interesante en la que se debatieron reformas estructurales importantes, y seguimos trabajando», afirmó Pérez de Cuéllar.
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La Ministra Pérez de Cuéllar destacó que el Gobierno enfrenta grandes desafíos, como la respuesta al fenómeno climático El Niño y la reactivación económica del país. Asimismo, mencionó la seguridad ciudadana como un tercer desafío y expresó su confianza en que, a pesar de la complejidad de este tema, se obtendrán resultados en las próximas semanas o meses.
En cuanto a la decisión de la Comisión de Defensa de archivar el proyecto de ley sobre la creación de la Policía del Orden y Seguridad, la Ministra prefirió no pronunciarse y remitió a los detalles al Ministro del Interior.
La Ministra de Vivienda también se refirió a la penalización de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) en caso de incumplimiento del reglamento de servicio. En su opinión, el sistema de saneamiento ha fracasado y enfatizó la necesidad de que las sanciones tengan como objetivo revertir la situación en lugar de penalizar por el simple hecho de hacerlo.
Pérez de Cuéllar indicó que el problema está relacionado con cuestiones tarifarias, buen gobierno corporativo y fragmentación del sistema, y mencionó que se están trabajando en una reforma integral del sistema de saneamiento.
El reglamento de fiscalización y sanción establece sanciones en caso de incumplimiento por parte de las EPS, incluyendo la aplicación de estructuras tarifarias no aprobadas por Sunass. Además, de la falta de presentación de planes optimizados actualizados y revisados ante la Sunass, entre otras infracciones, con sanciones que varían según el tamaño de la EPS.
