Con deuda superior a S/ 11.700

 

El ministro de Educación, Jorge Marticorena, incluyó en su declaración jurada una sentencia por un proceso de alimentos, aunque en el espacio reservado para el número de expediente señaló “por precisar”.

Según el documento expuesto este martes por Canal N, el legislador también informó que ha enfrentado investigaciones fiscales y procesos judiciales en calidad de imputado o cómplice.

La declaración fue remitida al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y al presidente interino, José María Balcázar, antes de que se emitiera la resolución suprema de nombramiento.

De acuerdo con los medios, la sentencia corresponde al Segundo Juzgado de Paz Letrado de Ica, que dispuso que Marticorena destinara el 20 % de su salario como pensión de alimentos.

Durante el proceso, finalizado en 2019, el parlamentario cuestionó la paternidad del menor involucrado. Posteriormente, ante el incumplimiento de pagos, se aprobó la liquidación de pensiones acumuladas entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, sumando S/ 11,765.18.

El mismo medio reveló que, tras asumir su banca parlamentaria, Marticorena realizó gestiones ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), donde mantuvo reuniones con asesores y miembros de la oficina de comunicaciones.

Estos hechos guardan relación con sucesos en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA), siempre según el diario. En enero de 2023, la Asamblea Universitaria declaró a Marticorena “persona no grata” tras acusarlo de intentar intervenir en la elección de autoridades.

La tensión se reactivó en septiembre de ese año, cuando gremios de docentes, estudiantes y directivos rechazaron nuevos intentos de injerencia en la designación de decanos y profesores.

Otro cuestionamiento gira en torno a la contratación, en su despacho, de Wilson Pretel, investigado por el caso Gabinete en la Sombra, y de Job Zapata Marín Morales, vinculado a presuntos delitos cometidos por una organización criminal en el sur del país. Marticorena sostuvo que ninguno de ellos tenía sentencia firme y que debía respetarse el principio de presunción de inocencia.