Denuncia cancelación arbitraria del contrato del Gasoducto Sur Peruano
La compañía brasileña Odebrecht, involucrada en los casos de corrupción de Lava Jato, demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial por el Gasoducto Sur Peruano.
La demanda incluye la exigencia de una indemnización por más de US$ 1,200 millones y arguye que la empresa recibió un “golpe muy fuerte” a raíz de la cancelación del contrato de concesión del gasoducto, integrado por la empresa, Enagás y Graña y Montero. Frente a ello, la demanda responde a la necesidad de Odebrecht de cumplir con sus acreedores.
La compañía acusa a Perú de violar sus obligaciones bajo el Convenio con la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto GSP.
En el documento se detalla que el demandado es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Tras el ingreso de esta solicitud, el CIADI deberá revisar la demanda para luego aceptarla o rechazarla. De aceptarla, se deberá conformar un tribunal en el que ambas partes harán uso de su defensa.
ANTECEDENTE
Casi tres años atrás, la constructora interpuso una solicitud de demanda de arbitraje contra el Estado peruano a través de dos de sus subsidiarias, Odebrecht Latinvest y Odebrecht Latin Finance. En ese momento la compañía invocó el tratado bilateral de inversión vigente entre el Perú y el Gran Ducado de Luxemburgo.
Hasta febrero del 2019, según el MEF, a pesar de que se inició el trato directo, Odebrecht no había dado el siguiente paso hacia una demanda arbitral, a pesar de encontrarse habilitada para hacerlo. Con ello, hasta ese momento no había una demanda vigente contra nuestro país respecto al GSP.
En la actualidad, Odebrecht solo tiene un caso ingresado en el CIADI que, justamente, es contra el Perú. El mismo se encuentra pendiente a ser aprobado por dicho centro.
En el documento enviado por funcionarios de Odebrecht, se precisó que la constructora intentó alcanzar un acuerdo con autoridades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el MEF ante la proximidad del vencimiento del plazo de un convenio por el que la compañía buscaba recuperar su inversión. Ante el fracaso de estas conversaciones, según la firma, se procedió a ingresar la demanda ante el CIADI.
RESPUESTA
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió que ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias.
El MEF sostiene que el Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.
A su vez, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, afirmó que es “irónico” que Odebrecht “tenga la frescura” de demandar al Estado peruano, pese a las evidencias de actos de corrupción en el proyecto Gasoducto Sur Peruano.
En tanto, el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, Perú puede usar la información del Gasoducto para su defensa. Anotó que documentos dados tanto por Odebrecht y Graña y Montero en la investigación penal podrán ser utilizados en el proceso arbitral en el CIADI.
PUÑALADA
El excongresista Víctor Andrés García Belaunde consideró la noticia como un “escándalo”. “Se les advirtió. No se negocia con manos vacías con criminales mundiales. Odebrecht nos ha demandado por US$ 1200 millones porque resolvimos el contrato de GSP por ‘intereses personales’. Esperó recibir el cheque de S/ 524 millones de Chaglla. Es una puñalada por la espalda”.
Por su parte, el economista Manuel Romero Caro señaló que “Odebrecht no retrocedería en su demanda porque se escuda en que los acreedores lo obligan a hacerlo. De no haber un cambio en alguna de las dos partes, sería el fin de la luna de miel entre Odebrecht y el equipo del fiscal Vela, que los complacieron en todo”.
A su turno, el exlegislador Juan Sheput refirió que “1200 millones de dólares es el costo de la incompetencia gubernamental. Show, circo y campañas contra el Congreso y políticos fueron distractivos para ocultar el papelón de la fiscalía especializada y sus adláteres”.
En tanto, el abogado y excongresista Víctor Rolando Sousa indicó que “el acuerdo de colaboración con Odebrecht no incorporó Gasoducto Sur, pues significaba reconocer responsabilidad penal, ello hoy permite a Odebrecht demande al Estado Peruano por 1200 millones de dólares. Están servidos los defensores de la ‘verdad’ y de Odebrecht”.
De otro lado, el abogado del expresidente Alan García, Erasmo Reyna, anotó: “Piensa mal y acertarás. Sospecho que todo el bochinche del enésimo allanamiento al local de Fuerza Popular fue pensado para tapar el escándalo que podía venir al haber demandado Odebrecht que se les pague US$ 1200 millones, pese haber recibido ya S/ 524 millones por gentil gestión de fiscales”.
Finalmente, el periodista Jaime de Althaus también se pronunció. “Increíble: no revelan codinomes, pagan bajísima reparación y encima Odebrecht Latinvest demanda al Estado peruano ante el CIADI por US$ 1200 millones”.
Víctor Andrés García Belaunde dijo que constructora “esperó recibir S/ 524 millones de Chaglla, para darnos una puñalada”.
El economista Manuel Romero Caro criticó que el equipo del fiscal Rafael Vela “complació en todo” a compañía.
