Ejecutivo oficializó la salida de 24 prefectos regionales por estar vinculados a las protestas violentas de todo el pías
El Ejecutivo oficializó la salida de 24 prefectos regionales a nivel nacional, tal y como fue acordado en un reciente Consejo de Ministros en el marco de las protestas que se vienen llevando a cabo tras la vacancia de Pedro Castillo y la exigencia de un adelanto de elecciones.
La resolución suprema 286-2022-IN, publicada en el boletín de normas legales de El Peruano, lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, César Cervantes.
Ahí, se detalla que la Dirección General de Gobierno Interior propuso ante el Viceministerio de Orden Interno que se acepten las renuncias y se den por concluidas las designaciones de los servidores designados como prefectos regionales en las jurisdicciones a nivel nacional.
En total, se aceptan las cartas de renuncia de nueve prefectos, y se dio por concluida la designación de otros quince funcionarios en este mismo rango.
Entre ellos se incluyó al prefecto regional de Apurímac, Eliseo Huamaní Curihuamaní, quien sería integrante del Fenate, sindicato de maestros fundado por Pedro Castillo, quien acumula doce denuncias fiscales en su contra desde el 2012. La más reciente, del 2021, por el presunto delito de usurpación de un inmueble.
La renuncia y destitución de los 24 prefectos regionales se lleva a cabo luego que el ministro de Defensa, Alberto Otárola, adelantara que el Ejecutivo tomaría esta decisión por acuerdo del Consejo de Ministros.
“Hemos encontrado ahí un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones y la representación locales en donde se mueven estos prefectos […] Lo que nosotros queremos funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el estado de derecho y que no se conviertan en personas que (alteren) el orden público”, indicó en declaraciones a RPP.
APUNTE: Informe
La PNP reveló un informe del servicio de inteligencia en el que se describe la presencia de agitadores y militantes del Movadef, además de investigados por terrorismo dentro de las marchas.
