El pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas enfrenta resistencia en el Congreso. 

 

El pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta nuevos obstáculos en el Congreso. La oposición ha cerrado filas en algunas comisiones para evitar que el Ejecutivo reciba atribuciones amplias para legislar, en un escenario que anticipa un debate político sobre los límites que tendrá el Gobierno durante los próximos meses.

Uno de los principales puntos de tensión se encuentra en la Comisión de Energía y Minas, donde sectores de oposición han mostrado reparos frente a la delegación de facultades. La discusión se produce mientras el Ejecutivo busca respaldo parlamentario para avanzar con un conjunto de medidas consideradas prioritarias para su gestión.

Oposición exige mayor precisión

El rechazo de las bancadas opositoras está relacionado con el alcance del pedido gubernamental. Los parlamentarios consideran que la delegación de facultades debe establecer con claridad cuáles serán las materias, objetivos y límites que tendrá el Ejecutivo.

Esta posición ya había sido advertida por Juntos por el Perú, cuyo vocero Ernesto Zunini señaló que su bancada no está dispuesta a otorgar una “hoja en blanco” al Gobierno. El parlamentario incluso planteó que, en caso de aprobarse la delegación, el plazo podría reducirse de los 120 días solicitados inicialmente a 60 días.

La postura refleja la intención de la oposición de mantener bajo control parlamentario las decisiones que puedan adoptarse mediante decretos legislativos.

Facultades generan disputa política

El enfrentamiento ocurre en un Congreso bicameral que recién comienza a definir sus mecanismos de funcionamiento. Las comisiones de la Cámara de Diputados tienen un papel central en la evaluación de los pedidos del Ejecutivo y deberán analizar las materias específicas antes de que eventualmente lleguen al Pleno.

La Comisión de Energía y Minas, presidida por Juntos por el Perú, adquiere especial importancia debido a que dentro de su ámbito se encuentran asuntos vinculados con la minería, hidrocarburos y política energética.

El reparto de las comisiones ya había generado diferencias entre el oficialismo y la oposición. Juntos por el Perú obtuvo la conducción de Energía y Minas, además de Constitución y Justicia y Derechos Humanos.

Esta distribución coloca a las bancadas opositoras en una posición estratégica frente a iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

Gobierno necesita negociar con las bancadas

La resistencia parlamentaria obliga al Gobierno a buscar acuerdos para conseguir los votos necesarios. El Ejecutivo no solo deberá explicar el contenido de las facultades solicitadas, sino también convencer a las bancadas de que la delegación permitirá atender asuntos urgentes sin desplazar las atribuciones propias del Congreso.

El escenario resulta particularmente relevante porque el oficialismo no cuenta con libertad absoluta para aprobar sus propuestas sin negociar. Por ello, las próximas semanas podrían estar marcadas por reuniones entre representantes del Ejecutivo y las diferentes bancadas para modificar, precisar o acotar el pedido original.

Desde la oposición también se ha planteado que determinados asuntos, especialmente aquellos relacionados con derechos laborales, tributación y reformas estructurales, no deberían ser aprobados únicamente mediante facultades delegadas, sino que tendrían que pasar por un debate parlamentario abierto.

Comisión será clave para definir el futuro del pedido

El debate en Energía y Minas forma parte de una discusión más amplia sobre la delegación de facultades. La Comisión de Constitución tendrá también un papel determinante en el trámite, debido a que deberá evaluar la constitucionalidad y los alcances de la solicitud antes de que el Congreso adopte una decisión definitiva.

Mientras tanto, el Ejecutivo deberá continuar negociando con las bancadas para evitar que su propuesta sea recortada de manera significativa o termine siendo rechazada.

La disputa evidencia desde ya la relación que tendrá el Gobierno de Keiko Fujimori con el nuevo Congreso: una administración que busca herramientas para acelerar sus reformas, frente a una oposición que pretende mantener bajo fiscalización las atribuciones delegadas.

El resultado de estas negociaciones será clave para determinar cuánto margen de acción tendrá el Ejecutivo para implementar su agenda durante los próximos meses y hasta qué punto el Parlamento aceptará transferir temporalmente parte de su capacidad legislativa al Gobierno.