El alférez Sebastián Jafet Romero Sánchez admitió haber participado en el robo de dinero a una joven que transportaba US$60.000.

 

Un nuevo caso que compromete a integrantes de la Policía Nacional genera preocupación en Puno. El alférez PNP Sebastián Jafet Romero Sánchez, natural de Trujillo, reconoció su participación en un presunto atraco ocurrido en Juliaca, donde habría utilizado un patrullero policial para intervenir a una joven que trasladaba US$60.000.

De acuerdo con la investigación fiscal, el hecho ocurrió el pasado 2 de septiembre, cuando Romero, quien cumplía funciones en Juliaca desde febrero de 2026, habría simulado un operativo de control de identidad para interceptar a la víctima. El objetivo habría sido apoderarse de parte del dinero que llevaba consigo.

Según la información difundida por La República, Romero se encontraba como jefe de patrullaje y utilizó el vehículo policial de placa KR-27503 para intervenir a la joven junto con el suboficial de tercera Hernán Alvaro Mamani Mendoza.

La intervención se produjo en la intersección de los jirones Mariano Núñez y San Martín, en Juliaca. Sin embargo, en lugar de trasladar a la mujer a una dependencia policial, los efectivos habrían recorrido diferentes calles de la ciudad mientras la presionaban para entregar parte del dinero.

La víctima habría sido amenazada con ser llevada ante la Fiscalía de Lavado de Activos y afrontar un proceso penal si no entregaba el efectivo que llevaba consigo.

La joven también declaró que durante el desplazamiento pudo advertir la presencia de dos motocicletas que seguían al patrullero. Después de entregar parte del dinero, habría sido dejada en las inmediaciones de la salida hacia Arequipa.

Posteriormente, según su versión, los sujetos encapuchados que seguían la unidad policial le habrían quitado el resto del dinero. La Fiscalía sostiene como hipótesis que el robo habría sido ejecutado con la participación coordinada de varias personas.

Alférez reconoció los hechos ante la Fiscalía

Sebastián Romero reconoció que había solicitado dinero durante la intervención y se sometió a la figura jurídica de terminación anticipada, procedimiento que busca evitar un proceso judicial prolongado mediante el reconocimiento de responsabilidad y un acuerdo sobre las consecuencias jurídicas.

Sin embargo, pese a su reconocimiento, el fiscal anticorrupción William Otazu solicitó nueve meses de prisión preventiva. La jueza María Candelaria aceptó el pedido y ordenó que el alférez sea trasladado al penal La Capilla de Juliaca mientras avanzan las investigaciones.

La medida busca garantizar la presencia del investigado durante las diligencias y evitar eventuales riesgos para el desarrollo de la investigación.

Otros dos policías permanecen no habidos

La investigación también alcanza a otros dos efectivos que habrían tenido participación en el operativo. Se trata de Frank Eudes Mercado Roque, señalado como chofer, y Hernán Alvaro Mamani Mendoza, quien habría cumplido funciones como operador.

Ambos permanecen en condición de no habidos, según la información difundida sobre el caso. La Fiscalía busca determinar el grado de participación que habría tenido cada uno y establecer si existió una organización previamente coordinada para ejecutar el robo.

Uno de los elementos que también es materia de investigación es que la intervención se habría producido fuera del ámbito de acción correspondiente a los agentes. Además, según la Fiscalía, Romero no se encontraba habilitado para realizar ese tipo de intervención debido a las funciones que desempeñaba.

Investigación busca determinar el destino de los US$60.000

El caso continúa bajo investigación para esclarecer cómo se planificó el atraco, quiénes participaron directamente y qué ocurrió con los US$60.000 que transportaba la víctima.

La declaración del alférez constituye uno de los principales elementos obtenidos hasta el momento, aunque las autoridades deberán contrastarla con las demás evidencias y testimonios recopilados durante las diligencias.

El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento el uso de vehículos y recursos policiales en hechos presuntamente delictivos y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control dentro de la institución. Mientras avanzan las investigaciones, el Poder Judicial mantiene a Romero Sánchez bajo prisión preventiva y las autoridades continúan buscando a los otros dos policías señalados en el expediente.