Nuevo sistema de control biométrico reforzará seguridad en penales.
El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció una significativa inversión para mejorar las cárceles de Perú. Con una inversión de más de 15,4 millones de soles, se ejecutará en el 2025. Este anuncio se realizó durante la apertura del Encuentro Nacional de Directores de Oficinas Regionales y Directores de Establecimientos Penitenciarios, evento clave para abordar los retos del sector.
En su intervención, Arana destacó que el 2025 será un año fundamental para la transformación del sistema penitenciario, resaltando que se adoptarán estándares internacionales que mejorarán tanto la seguridad como la eficiencia en los penales. “Estamos enfocados en construir un sistema penitenciario más seguro, digno y acorde con las exigencias actuales del país”, manifestó el ministro.
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Entre las principales medidas anunciadas se encuentra la implementación del Sistema Integral de Gestión Penitenciaria, para lo cual se destinarán 3,5 millones de soles. Este sistema facilitará la gestión y control dentro de los centros penitenciarios. Además, se incorporarán innovaciones tecnológicas, como el uso de controles biométricos y reconocimiento facial, que se implementarán en los penales para aumentar la seguridad y el monitoreo de los reclusos.
Una parte significativa de la inversión, que supera los 9 millones de soles, se destinará a la modernización tecnológica de 30 establecimientos penitenciarios en todo el país, con el objetivo de mejorar la infraestructura y optimizar la operatividad de los centros. Estas acciones buscan no solo incrementar la seguridad interna, sino también garantizar que las condiciones de trabajo del personal penitenciario sean adecuadas y eficientes.
El ministro también hizo hincapié en la importancia de combatir la corrupción dentro del sistema penitenciario, instando a todos los funcionarios y agentes a denunciar cualquier acto de corrupción que se detecte.
Con estas iniciativas, el gobierno peruano busca dar un paso importante hacia la mejora del sistema penitenciario, garantizando no solo la seguridad, sino también la dignidad de las personas privadas de libertad y de quienes trabajan en estos establecimientos.
