Por liberación a socios de Odebrecht
Magistrados revocaron prisión preventiva a ejecutivos de JJ Camet e ICCGSA.
El congresista de Acción Popular Yohny Lescano pidió a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) iniciar una investigación contra los jueces que revocaron la prisión preventiva contra los representantes de las empresas constructoras asociadas a Odebrecht.
Según opinó, la decisión tomada por la Sala Penal Nacional el último 19 de enero, es un “retroceso” al esfuerzo que se viene realizando por encarcelar a las personas involucradas en actos de corrupción.
“Ellos han sido acusados directamente (…) y el Poder Judicial dice que no se han cumplido los requisitos para la prisión preventiva (…) me pregunto cuáles son esos requisitos que no se han cumplido”, indicó en declaraciones a la prensa.
La Sala Penal Nacional revocó la orden de prisión preventiva de 18 meses contra los empresarios Fernando Camet Piccone, representante de la empresa JJ Camet; y José Castillo Dibós, de ICCGSA; dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, por su presunta vinculación en el pago de sobornos a funcionarios peruanos para obtener, junto con Odebrecht, contratos de obras públicas.
Asimismo, revocó el arresto domiciliario que Concepción había dictado en contra de Gonzalo Ferraro Rey.
A juicio de Lescano, está probada la vinculación de estos empresarios en los mencionados sobornos, por lo cual estaba justificada la orden de prisión preventiva.
Hace unos días, su colega de bancada Víctor Andrés García Belaunde también coincidía con Lescano en que la liberación de los empresarios era un retroceso en lo alcanzado hasta hoy en sancionar a las personas involucradas en actos de corrupción.
García Belaunde cuestionó que la decisión de la Sala Penal Nacional, se haya dado durante la visita del papa Francisco a nuestro país.
“La autoridades aprovechan este tipo de situaciones para tomar decisiones de ese tipo”, acusó el legislador acciopopulista.
Cabe anotar que según reveló Jorge Barata, ex-CEO de Odebrecht en el Perú, las empresas peruanas que formaron consorcio para el referido megaproyecto tenían conocimiento del pago de US$20 millones en sobornos que pagaron a Alejandro Toledo.
