Fallecidos fueron producto de violencia desatada, pero Corte Suprema culpa a PNP
A más de 16 años de uno de los episodios más violentos en la Amazonía peruana, donde protestas sangrientas en Bagua dejaron como saldo 33 muertos (23 policías y 10 civiles/nativos) la Corte Suprema de Justicia del Perú, continuando con la persecución política a las fuerzas del orden, condenó a siete años de prisión efectiva para dos generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), al concluir que omitieron su deber de proteger la vida durante el operativo policial del llamado Baguazo.
Se debe precisar que turbas violentas secuestraron y asesinaron a policías, varios de los cuales fueron degollados y muchos otros masacrados violentamente. Incluso nunca se halló el cuerpo del mayor Felipe Bazán, a quien poco antes de desaparecer fue fotografiado ensangrentado junto a la turba de nativos que lo tenía secuestrado.
Pese a ello, la sentencia busca responsabilizar a altos mandos que trataron de imponer el principio de autoridad ante hechos de violencia y barbarie de nativos con apoyo de algunos organismos no gubernamentales.
El 1 de septiembre de 2025, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió anular parcialmente las sentencias previas relacionadas con los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la Curva del Diablo, en la región Amazonas, así como en la comisaría de Utcubamba.
Al mismo tiempo, el tribunal condenó a José Armando Sánchez Farfán, exdirector general de la PNP, y al general Luis Elías Muguruza Delgado a siete años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple por omisión impropia.
La Corte los responsabilizó por la muerte de seis civiles durante el operativo policial, al considerar que, desde su posición de mando, omitieron adoptar medidas necesarias para evitar un desenlace letal, pese a contar con información que advertía los altos riesgos de la intervención.
Los hechos se remontan a abril de 2009, cuando organizaciones indígenas amazónicas iniciaron una protesta violenta contra decretos legislativos vinculados a concesiones extractivas. La movilización, liderada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, bloqueó un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la zona conocida como la Curva del Diablo.
La Corte determinó que el operativo se puso en marcha con deficiencias graves: cambio intempestivo de mando, falta de coordinación con las Fuerzas Armadas, problemas de comunicación y logística insuficiente. Estas condiciones, según el fallo, incrementaron de forma significativa el riesgo para civiles y efectivos policiales.
