Contra la orden de prisión preventiva
La Sala Penal Especial de Corte Suprema decidió dejar al voto la apelación contra la orden de 18 meses de prisión preventiva presentada por los exfiscales Alberto Rossel y Ronald Chafloque, quienes son investigados por presunto tráfico de influencias en el caso del expresidente del Consejo de Ministros César Villanueva.
Durante la audiencia, los propios investigados realizaron su defensa mediante una videollamada, mientras que sus abogados solo cumplieron con presentar documentación que respaldara sus argumentos.
Alberto Rossel negó los cargos por los que se le investiga y aseguró que el dinero incautado en su poder no le fue entregado por Villanueva, sino que se trata de un patrimonio familiar.
“No puedo aceptar que se impute tráfico de influencias (…) ¿de qué manera se ha beneficiado a Cesar Villanueva? El Ministerio Público ha señalado que el dinero incautado a mi persona fue la retribución por el delito, pero no toman en cuenta que se trata de dinero proveniente del patrimonio familiar. Tengo la documentación sustentatoria para acreditar que se trata de dinero lícito. Además, al haberme quitado ese dinero se desvirtúa la tesis según la cual tengo recursos económicos para entorpecer la acción de la justicia”, dijo.
Chafloque, por su parte, pidió que se le aplique una medida de comparecencia con restricciones y aseguró que colaborará en todo lo que el Ministerio Público determine.
“Tengo toda la predisposición para que se dilucide este caso. Yo soy el más interesado en que salga a relucir la verdad. Yo no he cometido ningún delito. He presentado los arraigos, tengo una familia que depende de mí. Si ustedes (la sala) deciden por una medida menos gravosa como la comparecencia con restricciones, yo me allano, me allano desde ahora. Colaboraré, participaré en todas las diligencias del Ministerio Público”, manifestó.
El juez titular de la sala, Luis Salas Arenas, consideró que dichos documentos se estaban presentando de forma extemporánea e irregular pues se “trata de documentos firmados o declaraciones juradas de familiares del investigado”, apuntó