La Fiscalía busca rastrear operaciones financieras vinculadas al presunto esquema de corrupción en Ayacucho
El Poder Judicial (PJ) ordenó levantar el secreto bancario, financiero y cooperativo del exministro del Interior Juan José Santiváñez como parte de la investigación preliminar que afronta por el caso denominado ‘Ícaro’ o ‘El Dorado’.
La medida fue dispuesta por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien también autorizó el levantamiento del secreto financiero de Percy Tenorio, Marco Palacios, Gregorio Villalón, Franco Parodi, Gianfranco Meza y la empresa Asesoría y Proyectos Tenorio SAC, todos considerados “terceros afectados” dentro de la investigación.
La decisión judicial responde a un requerimiento presentado por la Fiscalía de la Nación el pasado 1 de abril y comprende el periodo entre el 16 de mayo de 2024 y el 24 de marzo de 2025.
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La investigación preliminar se desarrolla por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo propio y negociación incompatible en agravio del Estado.
Según la resolución emitida el último 14 de mayo, el magistrado ordenó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP solicite a las entidades financieras del país información detallada sobre cuentas bancarias, movimientos financieros, préstamos, tarjetas de crédito, transferencias y operaciones realizadas mediante billeteras digitales como Yape y Plin.
Además, se requirió documentación sobre cuentas de ahorro, CTS, depósitos a plazo, hipotecas, leasing, garantías bancarias, fondos fiduciarios, cheques girados y posibles cajas de seguridad.
El juez Juan Carlos Checkley sostuvo que la medida resulta necesaria para verificar “la existencia, origen, destino, frecuencia y oportunidad temporal de operaciones financieras presuntamente vinculadas con los hechos materia de investigación”.
Asimismo, dispuso que el Ministerio Público informe posteriormente sobre los resultados obtenidos y que los investigados sean notificados, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
La resolución también advierte que la información obtenida deberá ser utilizada únicamente para los fines de esta investigación, bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento.
Días antes, el pasado 12 de mayo, el mismo magistrado autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Santiváñez y de otras personas involucradas en el caso.
El Ministerio Público investiga un presunto esquema de corrupción relacionado con el control de la mina El Dorado, ubicada en la región Ayacucho. Como parte de este proceso, en agosto pasado se ejecutó el operativo ‘Ícaro 2025’, que incluyó allanamientos a inmuebles vinculados a Nicanor Boluarte, así como a abogados relacionados con el estudio jurídico de Santiváñez.
