Buscan torcer voluntad del Parlamento que tiene los votos para sancionar a magistrados por falta grave
En una clara invasión al fuero parlamentario, Jueces Superiores de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima concedió en parte la medida cautelar presentada por los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y dispuso suspender provisionalmente todas las imputaciones de cargos que realiza la Comisión de Justicia contra ellos.
Esta medida judicial se toma en vísperas que el pleno del Congreso iba a debatir y votar hoy miércoles el informe que busca la destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por causa grave.
Imelda Julia Tumialan Pinto, Aldo Alejandro Vásquez Riosa, Henry José Avila Herrera, Luz Inés Tello de Ñecco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares y Guillermo Santiago Thornberry Villarán deben presentarse hoy para ejercer su derecho a la defensa; sin embargo, esta maniobra no acudiría.
Al cierre de la edición ya se contaría con los 87 votos para destituir a tres magistrados: Imelda Tumialán, Inés Tello y Aldo Vásquez, eso habría preocupado a un sector de la izquierda caviar que busca blindar a la JNJ que está en una campaña de demolición contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La Comisión de Justicia argumenta en su documento final que los magistrados incumplieron el artículo 156 de la Constitución, que establece que para ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 años y menor de 75. Además, tampoco cumplieron con presentar un informe anual ante el Congreso. El texto fue modificado y aprobado en tiempo récord para que pueda ser elevado al pleno del Parlamento.
Como si fuera una maniobra orquestada, Human Rights Watch (HRW), ONG internacional, emitió un pronunciamiento, en el cual acusa al Congreso de la República de pretender controlar a las instituciones democráticas del Perú, en clara defensa de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que son investigados de manera sumaria por la Comisión de Justicia, por falta grave.
HRW, en un comunicado, denunció que el intento de destitución forma parte de un patrón de acciones por parte de sectores del Congreso peruano para socavar la independencia de otras instituciones democráticas. Esto con clara intención de poner de rodillas al Congreso y blindar a los miembros de la JNJ que buscan tumbarse a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que inició investigación sobre la corrupción del golpista Pedro Castillo.
Esta ONG es la misma que emitió un informe acusando a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de las muertes ocasionadas en las protestas sociales, entre diciembre del 2022 a febrero de este año, de un grupo de extremistas que querían tumbar al gobierno de Dina Boluarte y apoyar al golpista Pedro Castillo. Incluso que las muertes constituirían ejecuciones extrajudiciales.
