En una trágica incidencia registrada en la zona de Manchay, distrito de Pachacámac, un niño de 8 años sufrió heridas graves al ser atropellado por un patrullero manejado por el suboficial PNP Yovani Lupu Boggio. Según informes, el accidente tuvo lugar el 10 de junio de 2023, y desde entonces, la madre del menor, Hermelinda Geri Ccope, afirma no haber recibido ninguna asistencia financiera o apoyo moral por parte del oficial implicado ni de las autoridades pertinentes.
Transcurridos nueve meses desde el incidente, la familia afectada parece estar en un estado de desamparo, enfrentando no solo la indiferencia de las entidades responsables, sino también las secuelas físicas y psicológicas del niño.
Hermelinda, desesperada por la situación, ha buscado apoyo en diversas instancias gubernamentales, incluyendo los ministerios del Interior y de la Mujer, sin recibir, hasta el momento, ninguna respuesta concreta ni solución a su predicamento.
El caso, además, ha puesto de manifiesto la falta de cooperación y comunicación dentro de la misma Policía Nacional del Perú, según la versión de la madre, quien menciona contradicciones entre los miembros de la fuerza sobre el estado actual del suboficial Lupu Boggio. La situación legal y disciplinaria del oficial aún no se ha esclarecido y la familia sigue exigiendo justicia y una sanción adecuada para el responsable del accidente.
“Ese día yo salí de mi trabajo y no me habían pagado. No tenía ni un sol en el bolsillo y le digo: ‘Ayúdame, por favor, necesito que me apoyes’. ‘Pero, señora, ¿qué quiere que haga? Si ya se activó el SOAT; ahí vaya a atender a su hijo, yo no estoy bañado en plata’, me respondió”, relató la madre del agraviado.
El abogado de la familia, Raúl Quispe, ha destacado que la culpabilidad del suboficial está confirmada no solo por grabaciones de cámaras de seguridad, sino también por un informe técnico policial, que indica que Lupu Boggio conducía a una velocidad considerablemente superior al límite permitido en una zona escolar.
Esta situación resalta la urgencia de una respuesta institucional adecuada y la necesidad de apoyo y compensación para las víctimas de accidentes causados por miembros de las fuerzas del orden.
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