En el cuadernillo de normas legales que a diario edita el diario oficial “El Peruano”, nos encontramos con dos temas que llaman soberanamente la atención.
Uno de ellos es la frondosidad de resoluciones autoritativas de viajes al exterior para funcionarios públicos, incluso para ejecutar tareas que no son de mayor relevancia ni requieren de conocimientos especializados, que bien podrían ser realizados por nuestras representaciones diplomáticas, sobre todo en tiempos en que hay que adoptar medidas de austeridad. Parecería que el Estado Peruano se ha transformado en agencia de viajes.
El otro tema es el de las asesorías o consultorías. Se nombra asesores para altos funcionarios, como también para funcionarios de nivel medio, y cada día que pasa nos encontramos con más y más asesores.
Se supone que las asesorías son para brindar conocimientos especializados o muy técnicos, que escapan a los que por lo general tienen los funcionarios asesorados, pero ¡oh sorpresa! vemos que las asesorías son de todo y para todo.
Se supone que los funcionarios que se nombran para cargos específicos conocen sus tareas y lo relacionado con ellas, pero si para todo requerirán de asesores, nos preguntamos entonces ¿para qué los nombraron? Quizás mejor sería nombrar al asesor para el cargo correspondiente y así el Estado podría ahorrar apreciables sumas en retribuciones. También los administrados estaríamos más satisfechos, pues nuestros expedientes recorrerían menor número de manos y escritorios, que antes que solucionar problemas, simplemente los agrandan.
Por la gran cantidad de nombramientos de asesores, daría la impresión que muchas veces lo son para pagar favores políticos o, simplemente para remunerar a muchos ociosos, que sin tener cargo en línea de responsabilidad fácilmente evaden sus consecuencias, ya que “opinar” no significa de modo alguno “resolver”.
Bueno pues, así estamos y sin visos de reducir tan malsana práctica que sigue creciendo al ritmo de levadura, pues se ha constituido en una forma de brindar favores con dineros ajenos. Cierto, son dineros del erario nacional y que salen de nuestros impuestos y, que si hay altos funcionarios que quieren hacer favores pues ¡qué lo hagan con su billetera y no con la del Presupuesto Nacional!
Tampoco nos vengan con el cuento de que con ello algo alivian el desempleo, pues para corregirlo lo que tienen que hacer es generar confianza en el país, destrabar tanto trámite atascado por responsabilidad de una burocracia desaprensiva y simplificar la administración pública.
Como ven, hay soluciones y no se necesita tanto nombramiento de asesores, muchísimas veces innecesarios y no sigo con el tema para no hacer bilis ni menos contagiarla.
