Se acaba de celebrar el “Día del Juez”, aunque sin bombos ni platillos y con olvido del justiciable que tiene que soportar larguísimos procesos, no solo en temas penales, sino también civiles, comerciales, laborales, de familia entre otras diversas materias.

Para muestra un solo botón, el caso del Frontón en el primer gobierno de Alan García, que hasta ahora no culmina pese a llevar cuarenta años desde su inicio y que el almirante Luis Giampietri Rojas falleció sin tener en sus manos sentencia exculpatoria, pese a que nuestras Fuerzas Armadas actuaron en cumplimiento de su deber constitucional al debelar un sangriento motín.

Si eso no es suficiente para demostrar la lentitud judicial, bien podríamos mostrarle a la señora presidenta del Poder Judicial, pedidos de

medidas cautelares, presentadas hace más de un año y que ni siquiera el juez de dichas causas las ha admitido.

Los justiciables y sus abogados no estamos satisfechos con nuestro Poder Judicial y elevamos nuestra voz de protesta ante su lentitud que no va acorde con la rapidez de las relaciones humanas como tampoco de las comerciales en sus diferentes modalidades.

El viejo refrán nos dice que “Justicia tardía no es Justicia” y tiene toda la razón, pues la demora nos lleva a la pérdida de la paciencia y a reclamar por una profunda reforma, ya no solo del Poder Judicial sino también del Ministerio Público.

En el día del juez parecería que estábamos ante la narrativa de “Alicia en el país de las maravillas”, aunque en lo profundo de nuestro ser sabíamos que se trataban de buenos deseos ante una realidad muy diferente y lo peor sin confianza en el Sistema

No solo nos quejamos de las demoras judiciales, supuestamente originadas por la carga judicial, a lo que tenemos que decir que, si las resoluciones judiciales de todo calibre tuviesen menos páginas, algo se podría avanzar.  Es cierto que por mandato constitucional las resoluciones jurisdiccionales tienen que ser fundamentadas, pero no en decenas y decenas de páginas. En el mismo tiempo que podrían resolver un proceso, si las consideraciones judiciales fuesen menos extensas, se podrían resolver mayor número de casos.

Evidentemente las demoras por las que reclamamos no solo se originan en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, sino en abogados que alargan indebidamente los procesos y que deberían ser sancionados ejemplarmente por ello.

Se dice en los pasillos judiciales que es imposible estar al día con un despacho judicial tan voluminoso, a lo que podríamos recordar como lo hemos señalado en otras oportunidades, que en los tribunales que presidió el juez supremo Manuel Sánchez-Palacios siempre se estuvo al día, lo que demuestra que si se puede.

No todo es malo por cierto y lo prueban los juzgados de flagrancia y se debería hacer que la Academia de la Magistratura forme a jueces y fiscales antes de su ejercicio profesional, para que lleguen no solo motivados sino también preparados y, bien podría también fomentarse el arbitraje popular para casos sencillos en ánimo inicialmente conciliatorio.

Si tenemos que reconocer que se ha avanzado en el expediente electrónico, en la oralidad, y en el Sistema Integrado Judicial, pero podría avanzarse más con acuerdos de Sala Plena para evitar control difuso cuando ya el Tribunal Constitucional fijó ruta definitiva.