La historia se repite, solo que con distinto acento. Mientras los ciudadanos cumplen la ley, los políticos la interpretan según les convenga. Betssy Chávez, la ex primera ministra del intento de golpe del 7 de diciembre de 2022, hoy no enfrenta la justicia: la burla. Con una orden de captura pendiente y una pena solicitada de 25 años por rebelión, ha encontrado un refugio muy particular: la Embajada de México en Lima.

No es la primera vez que Chávez desafía al sistema judicial. Faltó a sus audiencias, alegó enfermedades con certificados dudosos y terminó asilada bajo el paraguas diplomático de Claudia Sheinbaum, sucesora de Andrés Manuel López Obrador y continuadora de su línea ideológica. Todo esto mientras el Perú observa, entre indignado y resignado, cómo el derecho internacional se usa como escudo para burlar la justicia local.

 

El arte de convertir delitos comunes en persecuciones políticas

El asilo diplomático, regulado por la Convención de Caracas de 1954, nació para proteger perseguidos políticos, no fugitivos judiciales. Pero México —que hace tiempo confunde militancia con martirio— decidirá si Chávez es una víctima o una cómplice.

El artículo IV de la Convención es claro: “Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito.” En otras palabras, México puede convertir una rebelión en un acto de conciencia. Así, la pregunta no es si Betssy Chávez cometió un delito político, sino si a Sheinbaum le conviene que así parezca.

 

Una embajada que no es territorio, pero sí refugio de impunidad

La Embajada de México no es territorio extranjero, pero goza de inmunidad diplomática. Ningún policía peruano puede ingresar a detener a Chávez. Allí, detrás de los muros diplomáticos, el tiempo se detiene. Y no sería la primera vez que una embajada se convierte en búnker. Ecuador lo demostró con el caso Jorge Glas, cuando la policía entró a la sede mexicana en Quito para “extraerlo” como si fuera una operación de rescate. México protestó, claro. Hoy repite el libreto, pero con otra protagonista. 

 

El próximo paso: el salvoconducto de la vergüenza

En los próximos días, México formalizará el asilo. Entonces el Perú deberá extender un salvoconducto que permita a Chávez viajar libremente a Ciudad de México. No podrá ser detenida en territorio nacional. Será una escena digna del realismo mágico: una ex primera ministra acusada de rebelión saliendo del país con escolta oficial y pasaporte diplomático, mientras el resto de peruanos debe rendir cuentas hasta por una multa de tránsito.

 

El verdadero responsable: un sistema judicial que no actúa

Betssy Chávez no es síntoma de una dictadura, sino de un sistema judicial inoperante. El Poder Judicial y la Fiscalía han convertido la ineficacia en rutina: investigaciones que no avanzan, procesos que prescriben, y delincuentes que se asilan mientras los expedientes duermen en los archivos. No faltan leyes, faltan voluntades. Cada vez que un fiscal duda, que un juez dilata, o que una sala omite, el Estado pierde autoridad. No es la ley la que fracasa: es quien debería hacerla cumplir. El Tribunal Constitucional, por el contrario, ha actuado conforme a derecho. Sus sentencias no deben responder a cálculos políticos, sino a la Constitución y a la razón jurídica. Cuando el TC sostiene la legalidad, lo hace defendiendo la república frente a la arbitrariedad. Betssy Chávez no es una víctima del Estado peruano, sino el retrato de un Estado que ha dejado de hacerse respetar. Su asilo es una victoria diplomática para México, pero una derrota moral para el Perú. Y mientras los tribunales siguen dictando resoluciones que nadie cumple, la justicia —esa vieja dama ciega— sigue esperando que alguien la despierte.