Por Carlomagno Chacón

No fue un error logístico. Fue algo más grave: el momento exacto en que el voto dejó de ser igual para todos. Mesas que no abren, material que no llega, electores que esperan y se van. Y, al mismo tiempo, tendencias circulando como si el proceso ya estuviera definido. Ahí se rompe todo. Porque mientras unos votaron a ciegas, otros votarán sabiendo quién va ganando. Y cuando el ciudadano decide con esa información, el voto deja de ser libre.

No es teoría, es sentido común jurídico. Se podrá extender el horario, reponer material, improvisar soluciones de última hora. Pero hay algo que no se puede rehacer: la formación libre de la voluntad del elector.

Ese daño es irreversible. La ONPE podrá explicar la falla y el Jurado Nacional de Elecciones podrá intentar validarla, pero el problema ya no es operativo, es de legitimidad. No importa quién gane, importa que ya no todos votaron en las mismas condiciones. Y cuando eso ocurre, el resultado podrá ser legal, pero deja de ser legítimo. Porque, además, aquí no solo hay un problema político, sino potencialmente penal. La alteración de las condiciones del sufragio puede encuadrar —según corresponda— en supuestos como la perturbación o impedimento del proceso electoral, el entorpecimiento del acto de votación, la inducción indebida del voto mediante información difundida en momento prohibido, e incluso la omisión de funciones de quienes debían garantizar el proceso.

Lo peor de todo es el efecto colateral: la atmósfera de fraude. Y esa atmósfera no nace de la nada; se alimenta de la incapacidad operativa de la ONPE. Cuando el sistema falla, abre la puerta a la sospecha. Y en política, la sospecha muchas veces pesa más que los hechos. En ese escenario, distorsiones adicionales agravan el cuadro.

La presencia de Ricardo Belmont pudo haberle restado votos a Roberto Sánchez, lo que hace plausible que su pase haya sido más sólido de lo que hoy se percibe. Sin embargo, el clima de desorden y este tufillo de fraude terminan construyendo otra narrativa. A ello se suma un dato inquietante: mientras varias encuestadoras colocan a Rafael López Aliaga en segunda vuelta, otras mediciones —como las de Ipsos— muestran escenarios distintos.

Esa dispersión no prueba fraude, pero sí alimenta la desconfianza en un contexto ya debilitado. En democracia hay una regla no escrita: cuando el proceso se quiebra, no se maquilla, se asume. Porque si hoy se normaliza que unos voten sabiendo lo que otros no supieron, mañana cualquier elección podrá justificarse bajo la misma lógica. Y ese es el verdadero quiebre: no el de una jornada, sino el de la confianza. Porque al final, si el voto ya no es igual, la elección tampoco lo es.

(*) Abogado y Político