Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
El presidente Pedro Castillo, sindicado por la Fiscalía de la Nación como el cabecilla de una red criminal enquistada en el Gobierno, no piensa dejar el poder porque sabe que en el momento en que ello ocurra, irá directo a prisión.
Todos los testimonios y evidencias acumulados hasta la fecha por el Ministerio Público confirmarían la responsabilidad del jefe de Estado en numerosos casos de corrupción.
Por ello, las versiones periodísticas que hablan de eventuales asilos en el corto plazo distan mucho de la realidad.
Castillo va a atrincherarse en Palacio a fin de mantener el blindaje que le otorga la inmunidad del cargo y usar su posición para seguir obstruyendo la justicia.
A estas alturas, no hay duda que el único objetivo del presidente es traerse abajo la investigación en su contra.
Su prioridad no es gobernar, aunque queda claro que nunca lo fue, sino sabotear la indagación y subsistir en el puesto para seguir beneficiándose indebidamente del mismo.
Para ello no ha dudado en hacer uso y abuso de su posición con el objetivo de presionar e intimidar. No ha dudado en poner al servicio de sus cuestionables intereses particulares, para salvar el pellejo, los diversos estamentos del Estado.
Muestra de ello no solo es la campaña de desprestigio iniciada por el Ejecutivo y sus ‘satélites’ contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sino también las maniobras desplegadas contra de la Policía.
Se trata de una serie de acciones dirigidas a posicionar en puestos claves dentro de la PNP a personajes alineados al gobierno a fin de acceder a información reservada de la investigación al mandatario y su entorno y, a la vez, entorpecer la labor desplegada por el equipo especial.
Uno de sus objetivos es lograr la salida del coronel Harvey Colchado. Para ello, el propio Castillo ha pedido, a través de su abogado, al Inspector General de la Policía que le inicie un proceso sancionador que derive en su pase al retiro por acatar la orden de allanamiento en Palacio de Gobierno, el pasado 9 de agosto, dispuesta por el Poder Judicial.
El argumento es que “se vulneró la inmunidad del presidente». Sin embargo, se debe precisar que la inmunidad presidencial protege a la persona que desempeña la función y no a la vivienda donde reside.
A esto se suma que el informe policial reservado 09-2022-Equipo Especial AP EFICCOP, que detalla las labores de inteligencia, de seguimiento y video vigilancia, realizadas a la cuñada del mandatario, confirma que «el 9 de agosto, cuando se ejecutó la operación policial de allanamiento de residencia de Palacio de Gobierno, la investigada Yenifer Paredes Navarro aún permanecía en dichas instalaciones, sin embargo, el resultado de la ubicación y captura de la misma al interior de la residencia, fue negativo». Es decir, fue escondida por orden del Jefe de Estado, lo que constituye -una vez más- una clara obstrucción de la justicia.
La Fiscalía ha reiterado que existen evidencias suficientes que acreditan la existencia de una organización criminal encabezada por Pedro Castillo. También han sido acreditadas las numerosas acciones de obstrucción de la justicia.
Ni el temor ni la pasividad de los órganos de justicia pueden permitir la impunidad de los criminales enquistados en el poder. Es necesario que se actúe con firmeza frente a quienes ven al Estado como un botín.
