Por: Edgar Alarcón Tejada / Hace apenas unos días atrás, el Presidente Martín Vizcarra anunció que el 29 de julio sería este año un día laborable y no el feriado fijo que suele ser normalmente.
La verdad, me quedé perplejo ante tanta simpleza, pues, más allá de lo razonable o no de tal decisión, existen principios fundamentales que deben cumplirse en toda democracia que se respete. Entre ellos, la división de atribuciones entre las diversas instituciones u organismos constitucionales, y el denominado check and balance (balance o equilibrio de poderes).
En efecto, ¿olvida acaso el presidente que el Decreto Legislativo 713, del 7 de noviembre de 1991, consolida la legislación sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y que en dicha norma se establecen los feriados fijos en el calendario laboral anual de la República? ¿No sabe acaso que una ley se deroga con otra ley, y que en una sociedad democrática ello es tarea del Congreso y no decisión autista y prepotente del Poder Ejecutivo? ¿No existe algún asesor en el entorno del presidente que tenga los fundamentos académicos mínimos que lo asesore como es debido? Y, por favor, con ello no estoy esperando que tengan doctorados “Honoris causa” ni frondosas hojas de vida como parece ser común en el entorno presidencial (y con ello no me refiero a ningún caso en especial, de suerte que toda similitud es mera coincidencia).
Pero allí no queda la cosa. Este domingo, al referirse al inconcluso proceso de eliminación de la inmunidad parlamentaria, dirigió un mensaje a la nación subrayando que viene trabajando “para refundar (…) un sistema político representativo y eficaz”; que “ningún país (…) puede salir de la pobreza con instituciones débiles, (…) o alcanzar el progreso (…) con mecanismos que amparen la corrupción y la impunidad”.
Pues le tomamos la palabra, presidente: lo instamos a apoyar públicamente el proyecto de ley que elimina tanto la inmunidad parlamentaria como el antejuicio constitucional para los ministros y presidentes de la República, que se encuentra pendiente de segunda votación durante la siguiente legislatura en el Parlamento.
Si de lucha contra la corrupción se trata, recordemos que el meollo de la corrupción no se halla en el Congreso, sino en el Poder Ejecutivo, pues es ese poder el que maneja el presupuesto del país.
¿No es verdad, acaso, que todos los ex presidentes vivos, y muchos de sus ministros, se hallan presos o enfrentando graves procesos penales por delitos de corrupción? ¿No es verdad que la grave pandemia sanitaria que nos aqueja, ha develado la nefasta crisis moral que evidencia la verdadera enfermedad endémica de la República? ¿No son pruebas evidentes de ello los oscuros entretelones denunciados en torno al caso Chinchero, o los sucios manejos de la empresa Odebrecht con el Estado peruano, por citar solo algunos casos?
Fortalecer la democracia es robustecer el equilibrio de poderes y las funciones del Legislativo para fiscalizar el manejo del gasto público por parte del Ejecutivo.
Tal es el fundamento de la democracia en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho como el peruano.
(*) Congresista de la República
