La denuncia presentada contra Pilar Rahola ante la Fiscalía de Barcelona no debería pasar desapercibida para nadie que valore la libertad de expresión, el derecho al debate democrático y la lucha contra el terrorismo.

Pilar Rahola no es una desconocida. Es una periodista, escritora y analista política con una trayectoria ampliamente reconocida en España y en América Latina. En el Perú la hemos visto en entrevistas, conferencias y programas de televisión, donde siempre ha defendido con claridad sus ideas, muchas veces de forma incómoda para quienes prefieren los relatos simplistas o ideologizados de la realidad.

La acusación formulada por activistas de extrema izquierda no resulta particularmente sorprendente. Vivimos tiempos en los que determinados sectores políticos han convertido la descalificación sistemática y la judicialización del adversario ideológico en herramientas habituales de militancia. Lo verdaderamente alarmante es que la Fiscalía haya considerado pertinente admitir la denuncia e iniciar una investigación por supuesta incitación al odio contra una persona cuyo «delito» ha sido denunciar el terrorismo islamista, combatir el antisemitismo y defender el derecho de Israel a existir y a proteger a sus ciudadanos.

Ese es el verdadero problema.

Porque si afirmar que Hamás cometió una atrocidad el 7 de octubre es motivo de sospecha, si denunciar el uso de civiles como escudos humanos puede ser interpretado como discurso de odio, y si defender el rescate de rehenes secuestrados por una organización terrorista se convierte en objeto de investigación, entonces estamos ante una preocupante inversión moral.

No se trata únicamente de Pilar Rahola. Se trata del mensaje que se envía a toda la sociedad. Se trata de advertir que determinadas opiniones pueden ser perseguidas no por ser falsas, sino por ser incómodas para ciertos sectores políticos.

Por eso adquiere especial relevancia la respuesta de Ángel Mas, presidente de ACOM, quien decidió publicar una declaración de autoinculpación. Su mensaje es sencillo pero contundente: si defender a Israel, denunciar el terrorismo y rechazar la mentira del supuesto genocidio constituye un delito, entonces millones de personas deberían sentarse junto a Pilar Rahola en el banquillo de los acusados.

La autoinculpación de Mas no es un acto jurídico. Es un acto de denuncia moral. Es una forma de señalar la contradicción de una época en la que quienes justifican, minimizan o relativizan la violencia terrorista encuentran comprensión y espacios de legitimidad, mientras quienes la condenan terminan siendo investigados.

Todos podemos discrepar sobre gobiernos, políticas o decisiones militares. Ese es el terreno legítimo del debate democrático. Lo que resulta inaceptable es que se pretenda equiparar la defensa de una democracia atacada por el terrorismo con una forma de odio.

La denuncia contra Pilar Rahola constituye un precedente inquietante. No por las posibilidades reales de prosperar, sino porque revela hasta qué punto ciertos sectores están dispuestos a utilizar las instituciones para silenciar voces incómodas.

Quienes conocemos la trayectoria de Pilar Rahola sabemos que podrá gustar más o menos lo que dice, pero nadie puede negar su compromiso con la libertad, con la verdad y con la lucha contra el fanatismo.

Por eso este caso trasciende a una persona. Lo que está en juego no es únicamente la reputación de una periodista. Lo que está en juego es la capacidad de una sociedad democrática para distinguir entre la defensa de la libertad y la apología de quienes quieren destruirla.