La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez muestra que Perú vuelve a elegir bajo presión, entre dos temores. Pero el problema de fondo va más allá del resultado electoral: ganar las elecciones no es lo mismo que poder gobernar.

La primera vuelta dejó más fragmentación que consenso. Keiko Fujimori obtuvo alrededor del 17 % de los votos y Roberto Sánchez, cerca del 12 %. En una elección con 35 candidatos, la mayoría del electorado optó por otras alternativas, votó en blanco o mostró su distancia frente a la oferta política disponible.

La última encuesta de Ipsos, publicada por Perú21, midió la intención de voto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez antes de la segunda vuelta. En el simulacro de votación, en el que los encuestados marcaron una cédula, Keiko obtuvo el 51,4 % de los votos válidos frente al 48,6 % de Sánchez. La diferencia fue pequeña. Este dato apunta a un próximo gobierno nacido de una elección muy ajustada, con muchos indecisos, votos en blanco y votos nulos, y en el que pesa la lógica del mal menor.

De cara a la segunda vuelta, la campaña no debería limitarse a una lectura simplista del fujimorismo. El país necesita evaluar equipos, alianzas, límites del poder y capacidad de gestión. En una sociedad marcada por la inseguridad, la informalidad, la baja confianza institucional y la inestabilidad política, ganar las elecciones será solo el primer obstáculo. El verdadero desafío será gobernar sin agravar la fragilidad del Estado.

Por eso, la respuesta ciudadana tampoco debería limitarse a consignas de rechazo. Lemas como «Keiko no va» reflejan una debilidad del debate político peruano, ya que demasiadas veces se vota desde el rechazo, la repetición de relatos y la presión emocional antes que desde una evaluación seria de quién puede gobernar mejor. Perú necesita algo más que miedo, memoria del pasado o rechazo automático. Necesita debatir quién puede gobernar, con qué equipo, con qué límites y con qué proyecto.

Dos temores distintos

Para muchos peruanos, el antifujimorismo está ligado al recuerdo del autoritarismo, la corrupción y el daño a las instituciones. Para este sector, votar contra Keiko Fujimori no es un gesto vacío, sino una forma de defender la democracia.

Sin embargo, el antifujimorismo también tiene un límite. Puede unir a grupos muy distintos durante una campaña electoral, pero no necesariamente ofrece una alternativa de gobierno. Rechazar a Keiko Fujimori puede ser una postura comprensible, pero no resuelve por sí sola los problemas de seguridad, economía ni reforma del Estado.

El fujimorismo no puede explicarse solo por su pasado ni por el rechazo que genera. Su fuerza electoral también responde a la demanda de orden de una parte de la población. En un país golpeado por la inseguridad, la economía informal y la debilidad estatal, muchos votantes ven en Keiko a alguien con mayor capacidad de decisión. Ese apoyo no siempre se basa en una adhesión total al fujimorismo. También expresa una expectativa de autoridad, gestión, estabilidad y crecimiento.

Esta demanda no debería ser ignorada. Sin embargo, para convencer a quienes no forman parte de su base de apoyo, Keiko Fujimori tendría que demostrar que puede ofrecer orden sin abusar del poder, gobernar con firmeza sin debilitar las instituciones y garantizar la estabilidad sin cerrar el espacio democrático.

También existe preocupación por el equilibrio de poderes. Si Fuerza Popular suma el Ejecutivo a su presencia en el Congreso, parte del electorado podría temer una concentración excesiva de poder. En un país con poca confianza en sus instituciones, los límites, la transparencia y los contrapesos seguirán siendo fundamentales.

En el caso de Roberto Sánchez, el riesgo es de otra naturaleza. Mientras el temor a Keiko Fujimori se basa sobre todo en la memoria política del fujimorismo, las dudas sobre Sánchez se apoyan en señales más recientes. No es Pedro Castillo, pero despierta un temor parecido en una parte del electorado: un gobierno débil, sin suficientes cuadros y vulnerable a presiones radicales.

Su plan original incluía una asamblea constituyente para reemplazar la Constitución de 1993, es decir, cambiar las reglas básicas del Estado. Aunque luego intentó moderar su mensaje con un nuevo plan centrado en la gobernabilidad y la estabilidad económica, este giro no elimina las dudas sobre los límites que respetaría en el poder.

A eso se suma el respaldo de Antauro Humala, exmilitar y referente del nacionalismo radical. Aunque no ocupe un cargo formal en Juntos por el Perú, en una segunda vuelta los aliados también envían señales.

Al mismo tiempo, la presencia de Pedro Francke en la candidatura de Sánchez busca proyectar moderación económica. Francke, exministro de Economía de Pedro Castillo, ofrece un perfil técnico, pero esa señal convive con propuestas que aún generan dudas, como la revisión de contratos de recursos naturales, el aumento del salario mínimo y la reforma constitucional.

¿Quién puede gobernar?

La polarización convierte al rival político en una amenaza. Para algunos, esa amenaza es el fujimorismo; para otros, la izquierda radical o la improvisación. En ese contexto, hay menos diálogo, menos espacio para posiciones moderadas y más información usada para confirmar prejuicios que para aclarar hechos.

Eso ocurre en el Perú cada vez que una segunda vuelta gira alrededor del fujimorismo y el antifujimorismo. La discusión deja de centrarse en programas y empieza a organizarse alrededor de identidades políticas. Unos votan contra lo que consideran autoritarismo. Otros, contra el desorden. Ambos temores pueden estar justificados. El problema surge cuando el miedo sustituye al análisis.