Por: Martín Valdivia Rodríguez Era lo que se esperaba. Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que declararon fundado el recurso de habeas corpus que se presentó a favor de Keiko Fujimori (anulando la prisión preventiva que se impuso a la lideresa de Fuerza Popular), declararon improcedente el recurso presentado por el procurador del Poder Judicial,Marco Antonio Palomino, que buscaba una nueva evaluación y votación del referido hábeas corpus.
Apenas ayer escribíamos nuestro temor de que el TC, con su nueva presidenta, hiciera suyo el pedido del procurador Palomino, contradiciendo la decisión tomada. Nos equivocamos. Haciendo respetar sus fueros, los cuatro magistrados que decidieron excarcelar a Keiko. El pronunciamiento fue claro: “el pedido de que se deje sin efecto la sentencia y, por consiguiente, de que se efectúe una nueva votación sobre lo resuelto, que en el fondo encierra una impugnación contra una decisión que ha alcanzado la calidad de cosa juzgada, debe ser desestimado en todos sus extremos”, precisa el documento suscrito por los doctores Ernesto Blume, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Augusto Ferrero.
Es más, Blume puso los puntos sobre las íes al procurador Palomino afirmando que el acatamiento a las decisiones del TC debe ser general y no obedecer a actitudes de “rebeldía y cuestionamientos”. Más claro, el agua. La jalada de orejas involucra también a los fiscales Vela y Pérez, quienes han solicitado también “aclaraciones” al TC, molestos obviamente por la decisión tomada.
Incluso el fiscal Palomino dijo sentirse “indignado” por el pronunciamiento del TC que desestimó su pedido. Según él, el pronunciamiento del organismo constitucional fue hecho de manera “express”, dando a entender que tras esta decisión hay algo oscuro, un manejo político que – tras bambalinas – beneficiaría a la lideresa de Fuerza Popular.
Nos parece bien que el TC haya tomado el toro por las astas y poner las cosas en su sitio. Los odios políticos y la “caza de brujas” no deben permitirse, más aún cuando estamos viviendo en un país donde no existe Congreso y el equilibrio de poderes es una utopía. En estas condiciones el TC se convierte en la única institución de la República en donde se pueden amparar los ciudadanos cuando son vulnerados sus derechos.
Que Keiko Fujimori sea culpable o no, es tema reservado para los jueces que verán su caso. De lo que estamos en contra es el uso de la prisión preventiva como un mecanismo de coacción política que se ha instaurado en nuestro país. Eso no lo podemos permitir. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
