Por Ricardo Sánchez Serra

Existe un hecho particularmente trágico y moralmente inadmisible que ha sido minimizado, silenciado o simplemente ignorado por gran parte de la prensa internacional y por numerosos gobiernos occidentales: el ataque con drones de Ucrania contra un edificio escolar en Starobelsk, en Lugansk, que provocó la muerte de 21 adolescentes y dejó más de 40 heridos.

No se trató de un cuartel militar, ni de una base logística, ni de un objetivo estratégico. Era un centro educativo civil. Un espacio donde jóvenes estudiaban y se formaban. Precisamente por ello, el ataque constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y puede ser calificado como un crimen de guerra.

Resulta cada vez más difícil aceptar la explicación recurrente de los “errores” o “daños colaterales” cuando se emplean drones modernos de precisión. Estas aeronaves no son proyectiles lanzados al azar. Incorporan sistemas de navegación, reconocimiento visual y cámaras que permiten identificar con claridad el objetivo antes del impacto. Quien dirige un dron sabe lo que observa y conoce aquello que va a destruir. Por ello, cuando un edificio escolar es alcanzado, la pregunta ya no es si hubo error, sino si existió deliberación.

El silencio europeo frente a este hecho resulta alarmante. La Unión Europea, que durante décadas pretendió erigirse como defensora universal de los derechos humanos, la libertad y el derecho internacional, guarda mutismo cuando las víctimas no encajan en la narrativa política dominante. Esa doble moral erosiona la credibilidad moral de Occidente y evidencia que muchos principios han sido reemplazados por intereses geopolíticos y propaganda de guerra. La defensa de los derechos humanos no puede depender de quién sea el agresor o de quién controle los titulares mediáticos.

Igualmente, grave es la actitud de buena parte de la prensa occidental, que omite, relativiza o invisibiliza ataques contra civiles cuando estos contradicen el relato predominante sobre el conflicto. La censura selectiva y el silenciamiento informativo representan una forma moderna de manipulación. La libertad de expresión pierde legitimidad cuando ciertos crímenes son amplificados y otros deliberadamente ocultados. El periodismo deja de cumplir su misión cuando sustituye la verdad por conveniencias ideológicas.

A ello se suma la actitud del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien con cinismo continúa negando responsabilidades mientras persiste la estrategia de extender el conflicto mediante ataques contra ciudades rusas y objetivos civiles en lugares como Moscú, Belgorod, Kursk, Bryansk y otras localidades. Tales acciones buscan generar miedo, inseguridad y presión psicológica sobre la población rusa, intentando provocar desgaste interno contra el presidente Vladimir Putin. Sin embargo, esa estrategia solo profundiza la espiral de violencia y aleja cualquier posibilidad real de negociación.

La reacción de Moscú demuestra que la paciencia rusa está llegando a su límite. Rusia ha intensificado sus operaciones contra instalaciones militares y gubernamentales en Kiev y ha advertido sobre el riesgo creciente de escalada. En conversaciones diplomáticas recientes, el canciller ruso Serguéi Lavrov habría señalado ante su homólogo estadounidense Marco Rubio que la situación se agrava debido a la irresponsabilidad de Kiev y al respaldo político y militar brindado por Occidente.

Cada día resulta más evidente que la prolongación de la guerra solo incrementa el sufrimiento humano. Ucrania continúa perdiendo territorio, infraestructura y generaciones enteras de jóvenes. Sin embargo, Zelenski insiste en mantener una confrontación que parece encaminada a sacrificar “hasta el último ucraniano”, alentado por sectores radicales de la Unión Europea que prefieren prolongar el conflicto antes que aceptar una salida negociada.

Además, resulta imposible comprender esta guerra si se ignoran sus antecedentes históricos, políticos y culturales. El conflicto no nació en 2022; sus raíces se remontan al golpe de Estado de 2014 -e incluso a procesos anteriores-, al incumplimiento deliberado de los Acuerdos de Minsk I y II y al progresivo fortalecimiento de corrientes ultranacionalistas y neonazis dentro de sectores del aparato estatal ucraniano. A ello se sumó la persecución política, cultural y lingüística contra la población rusoparlante del Donbás, históricamente vinculada al mundo ruso. Las restricciones al uso del idioma ruso en la educación, los medios de comunicación y la administración pública, así como la exclusión política y las crecientes tensiones étnicas, fueron alimentando durante años un clima de confrontación que Occidente prefirió minimizar o ignorar, contribuyendo así al deterioro irreversible de la situación.

El intelectual Noam Chomsky advirtió en una ocasión que “el silencio de los poderosos frente a los crímenes de sus aliados es la forma más peligrosa de complicidad”. Esa reflexión adquiere hoy una vigencia inquietante. Cuando la comunidad internacional calla frente a la muerte de adolescentes en una escuela, no solo fracasa la diplomacia: fracasa la conciencia moral de nuestro tiempo.

El ataque contra la escuela de Starobelsk no debe ser olvidado ni perdonado. Las víctimas merecen justicia y memoria. Cada agresión contra civiles destruye vidas inocentes, alimenta el odio y aleja cualquier esperanza de paz duradera. El mundo debe comprender que ninguna causa política, estratégica o ideológica puede justificar la muerte de niños y adolescentes. Callar frente a ello no es neutralidad: es complicidad.