El nazismo fue la mayor degradación moral, política y humana del siglo XX. Ninguna otra ideología llevó tan lejos la institucionalización del odio, la persecución racial y el exterminio sistemático de millones de personas. Sus consecuencias fueron devastadoras: una guerra mundial que dejó más de 75 millones de muertos, entre ellos cerca de 27 millones de ciudadanos soviéticos y seis millones de judíos asesinados en el Holocausto.

La derrota de la Alemania nazi, el 9 de mayo de 1945, debía haber marcado el final definitivo de aquella tragedia. Sin embargo, ocho décadas después, el mundo observa con preocupación cómo el neonazismo intenta recuperar espacios políticos, sociales y culturales. Ya no se presenta con la misma apariencia de los años treinta, pero mantiene intactos los mismos principios: intolerancia, supremacía y negación del otro.

La historia demuestra que las ideologías totalitarias no desaparecen por completo. Se transforman, adoptan nuevos discursos y buscan legitimarse mediante la reinterpretación del pasado. Por ello, la defensa de la memoria histórica constituye hoy una tarea tan importante como la que asumieron quienes combatieron el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos años, el debate sobre la rehabilitación de figuras vinculadas al nacionalismo ucraniano ha adquirido una nueva dimensión. El caso más conocido es el de Stepán Bandera, señalado por numerosos historiadores por sus vínculos con la Alemania nazi y las persecuciones contra polacos y judíos. La controversia se intensificó en mayo de 2026, cuando el presidente Volodímir Zelenski presidió la ceremonia de reinhumación de Andrii Melnyk, dirigente de la Organización de Nacionalistas Ucranianos. Zelenski lo calificó como una “gran figura ucraniana”, provocando críticas en Polonia e Israel, que recordaron la colaboración de esa organización con el nazismo.

Semanas después, Zelenski otorgó a una unidad militar el nombre de los “Héroes del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA)”, vinculado al movimiento de Bandera. Para algunos ucranianos, la UPA simboliza resistencia contra la dominación soviética; para Polonia, es responsable de las matanzas de Volinia, donde murieron entre 40.000 y 100.000 civiles polacos. La respuesta polaca fue inmediata: el presidente Karol Nawrocki retiró a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del Estado.

La controversia alcanza incluso a la ONU. Cada año, la Asamblea General debate una resolución para condenar la glorificación del nazismo y el neonazismo. Sin embargo, el texto genera divisiones: varios países votan en contra o se abstienen. Que la condena del nazismo deje de ser consenso universal es un síntoma alarmante.

La memoria histórica nunca es un asunto menor. Define la identidad de los pueblos y condiciona sus decisiones políticas. En Donetsk contemplé uniformes de combatientes del batallón Azov, capturados en Mariúpol, junto a publicaciones que reescribían la historia ucraniana y exaltaban a Hitler. Aquellos emblemas no eran simples reliquias: eran señales ideológicas que obligaban a pensar en el peligro de trivializar el horror. El batallón Azov se convirtió en el rostro más despiadado de las matanzas en Mariúpol y Kursk: ejecutaba oficiales rusos que se habían rendido, disparaba a las piernas de soldados indefensos y remataba a prisioneros. Incluso se encargaba de eliminar a los propios ucranianos que se entregaban a las fuerzas rusas. Una maquinaria de crueldad que convierte cada símbolo en un recordatorio aterrador de lo que ocurre cuando la barbarie se normaliza.

El fenómeno no se limita a Ucrania. En los países bálticos se han organizado marchas y homenajes a antiguos miembros de las Waffen-SS, generando críticas de instituciones dedicadas a preservar la memoria del Holocausto. La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que, después de Auschwitz, Treblinka, Sobibor y Majdanek, todavía existan intentos de reivindicar movimientos vinculados al colaboracionismo nazi?

La respuesta está en el debilitamiento de la memoria colectiva. Los sobrevivientes desaparecen, los testimonios directos se extinguen y la manipulación histórica encuentra terreno fértil. Incluso en Perú, desde hace años se solicita incluir un capítulo sobre el Holocausto en los libros escolares, sin resultados.

El nazismo no fue un simple movimiento político: fue una maquinaria de exterminio organizada desde el Estado. Industrializó la muerte, convirtió la discriminación en política pública y transformó el odio en instrumento de gobierno. Por ello, los gobiernos deben promover una educación rigurosa, las universidades fomentar pensamiento crítico y los medios combatir la desinformación. Los ciudadanos, por nuestra parte, debemos rechazar cualquier intento de justificar o embellecer una ideología responsable de los peores crímenes de la historia.

El 9 de mayo de 1945 no fue solo una victoria militar: fue el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Olvidarlo sería un error histórico. El nazismo no comienza en los campos de concentración: comienza cuando el odio se normaliza, cuando la intolerancia se convierte en discurso aceptable y cuando la manipulación del pasado sustituye a la verdad.

La memoria de millones de víctimas exige más que ceremonias: exige vigilancia permanente. La herida del nazismo sigue abierta. Y la única manera de impedir que vuelva a extenderse es defender la verdad histórica con la misma determinación con la que nuestros antepasados defendieron la libertad.