La reciente destitución judicial de la dirigencia del Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza opositora de Turquía, ha encendido las alarmas sobre el estado de la democracia en ese país. La medida, percibida como una maniobra política del gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, se suma a una larga lista de acciones que buscan neutralizar a la oposición y consolidar un poder cada vez más concentrado.
La situación se agrava con la cacería sistemática contra los miembros y simpatizantes del movimiento Hizmet, inspirado por el erudito musulmán Fethullah Gülen. Desde el fallido golpe de Estado de 2016, miles de personas han sido detenidas bajo acusaciones de pertenecer a una “organización terrorista”, pese a que Hizmet es reconocido internacionalmente como un movimiento pacifista, centrado en la educación, el diálogo interreligioso y el servicio comunitario. En mayo de 2026, la policía turca arrestó a 56 militares y 9 policías acusados de vínculos con Hizmet. Estos operativos se suman a la persecución de periodistas, abogados y académicos, configurando un patrón de represión que viola derechos fundamentales y erosiona la credibilidad institucional del país.
Pero la represión interna no es el único signo de la deriva autoritaria de Ankara. Turquía, miembro de la OTAN, se ha convertido en un centro operativo, logístico y financiero de Hamás, organización considerada terrorista por gran parte de la comunidad internacional. Investigaciones israelíes han revelado que agentes de Hamás entrenan en clubes de tiro en Turquía, reciben licencias oficiales para pilotar drones y participan en cursos avanzados de combate. Además, se ha descubierto una red de blanqueo de dinero dirigida por Irán que opera en territorio turco, canalizando fondos para fines terroristas.
No se trata de un apoyo simbólico ni de mera retórica política: es ayuda militar y financiera que coloca a Turquía en el mismo eje que Irán, reforzando la infraestructura terrorista global. Erdogan, lejos de condenar a Hamás, ha defendido públicamente a sus dirigentes, otorgándoles pasaportes, permisos de residencia y libertad de movimientos. Esta complicidad ideológica con los Hermanos Musulmanes y otros grupos islamistas radicales convierte a Turquía en un actor que socava la arquitectura de seguridad que la OTAN dice proteger.
Mientras tanto, la economía turca atraviesa una crisis marcada por una inflación cercana al 30 %, un desempleo persistente y una creciente desconfianza de los mercados. El anuncio del “Zeitenwende” militar, con un fondo de 100 mil millones de euros para reforzar las Fuerzas Armadas, contrasta con la fragilidad interna y el descontento social. La salud del propio presidente Erdoğan, que reapareció recientemente tras un virus intestinal, añade incertidumbre al panorama. Aunque mantiene control institucional y apoyo en sectores nacionalistas, la combinación de crisis económica, represión política, persecución contra Hizmet y patrocinio del terrorismo podría convertirse en el inicio de un declive político irreversible.
La historia enseña que los regímenes que sofocan la pluralidad, criminalizan la disidencia y patrocinan el terrorismo terminan debilitándose desde dentro. Turquía, heredera de una tradición rica en cultura y diversidad, merece un futuro de diálogo, tolerancia y respeto a los derechos humanos, no de persecución ni exclusión.
Debido a que el poder judicial turco está sometido al Ejecutivo y a la persecución sistemática contra los opositores -no solo internamente, sino también en el extranjero-, los países deben evitar las extradiciones solicitadas por Turquía. Aquellos Estados que no han firmado acuerdos de extradición, como el Perú, deben abstenerse de hacerlo, para no convertirse en cómplices de una represión injustificada.
