Hay una pregunta que Michel Foucault dejó inscrita en los márgenes de la filosofía política del siglo XX y que hoy resuena con urgencia inusitada: ¿cómo se ejerce el poder? No qué es, sino cómo opera.

La distinción no es menor. Quien controla la definición del poder, controla también la narrativa sobre sus límites. Y cuando esa narrativa se monopoliza —desde cualquier trinchera ideológica— el sujeto político queda atrapado en una identidad que no eligió.

En su ensayo El sujeto y el poder (1983), Foucault advierte que el peligro no proviene únicamente del Estado totalitario ni del mercado desregulado: proviene de la combinación entre totalización e individualización. El Estado moderno, hereda de la tradición pastoral cristiana una técnica de gobierno que no solo domina colectividades sino que penetra en la conciencia individual, normalizando conductas, clasificando cuerpos, asignando identidades.

Lo notable es que esta técnica no pertenece a ningún bando. ¿Qué significa esto para la democracia contemporánea? Que el equilibrio de poderes no es un lujo institucional ni un vestigio liberal burgués, como suelen descartarlo quienes aspiran a la transformación total.

Es la condición mínima para que el sujeto político —eso que somos cuando ejercemos ciudadanía— conserve su capacidad de resistencia. Foucault es preciso: el poder solo existe donde hay libertad. En el momento en que la resistencia desaparece y uno de los polos vence de manera absoluta, lo que emerge no es el poder sino la dominación. Y la dominación no tiene corrección posible desde adentro.

Las democracias latinoamericanas están hoy ante ese umbral. No por un exceso de ideología de un solo signo, sino por la erosión sistemática de las instituciones que hacen posible el disenso.

Foucault propone que el problema de nuestro tiempo no es liberar al individuo del Estado, sino liberarse simultáneamente del Estado y del tipo de individualización que el Estado produce. Traducida al lenguaje constitucional, esa frase tiene un corolario preciso: ningún poder debe tener el monopolio de la producción del sujeto político. Ni el mercado que reduce al ciudadano a consumidor, ni el Estado que lo reduce a beneficiario, ni el partido que lo reduce a militante.

La pluralidad institucional —la separación real de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, la sociedad civil organizada— no es una cuestión de forma sino de contenido democrático. Por eso, cuando desde la izquierda se invoca la soberanía popular para vaciar los contrapesos institucionales, y cuando desde la derecha se invoca la gobernabilidad para criminalizar la protesta, ambas operaciones apuntan al mismo resultado: un sujeto que no puede insubordinarse. Y la insubordinación —esa capacidad de decir no, de resistir, de reclamar— es, la condición de posibilidad del poder legítimo. Cuando desaparece, solo queda el poder ilegítimo vestido de orden. La tarea filosófica que Foucault hereda de Kant —¿qué somos nosotros hoy?— no admite respuesta desde ninguna ideología cerrada. Admite solo respuesta desde la práctica cotidiana de construir instituciones que no dependan de la bondad del gobernante de turno. El equilibrio de poderes no es la victoria de ningún proyecto político. Es, simplemente, la condición para que todavía haya proyectos. Gracias por leerme

(*) Abogada Constitucionalista, profesora universitaria; especialista en Derecho Ambiental y Filosofía Política.