El Niño 2026-2027 no es una sorpresa: es una prueba. Y el Perú vuelve a responder con decretos mientras la tierra sigue sin repararse.
El 3 de noviembre, el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM declaró en emergencia, por sesenta días, 1380 distritos de 191 provincias en 24 departamentos, incluidos Lima y el Callao. En Tumbes y Piura el agua ya entró a las casas. El ENFEN anticipa un evento entre fuerte y extraordinario hasta febrero de 2027, y el Cenepred estima cerca de ocho millones de personas expuestas a inundaciones, con Lima entre las zonas más pobladas en riesgo. En Huarochirí, Cañete o Huaral, las quebradas esperan, como cada verano, la primera lluvia fuerte.
El problema de fondo está en el suelo. La lluvia no destruye sola: lo hace sobre laderas deforestadas, cabeceras de cuenca degradadas, cauces invadidos y quebradas urbanizadas. Un suelo sin cobertura no infiltra; escurre, arrastra y se vuelve huaico. Sin embargo, la restauración de ecosistemas casi no aparece en el debate. La infraestructura natural —reforestar con especies nativas, recuperar bofedales, revivir amunas y qochas que nuestros pueblos usaron por siglos— regula el agua y frena la avenida. La Ley 30215, de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, y la Ley Marco sobre Cambio Climático ya permiten financiarla. Falta decisión.
La adaptación debe basarse en ciencia: alertas tempranas del Senamhi que lleguen al celular y a la radio comunal, mapas de peligro respetados al otorgar licencias y reubicación planificada. Y en arquitectura. Bangladesh redujo drásticamente las muertes por ciclones con refugios elevados que el resto del año son escuelas. Japón habilita edificios de evacuación vertical. Países Bajos devolvió espacio a sus ríos. El Perú puede levantar refugios multipropósito —colegios, coliseos, locales comunales— en zonas seguras, con agua, energía y saneamiento, antes de que el damnificado duerma en una carpa.
Si el Gobierno nacional no llega, que lleguen regiones y municipios. Somos un Estado unitario, pero descentralizado: los artículos 191 y 194 de la Constitución les reconocen autonomía política, económica y administrativa, y la Ley 29664 del SINAGERD los hace responsables de la gestión del riesgo en su territorio. Autonomía también es responsabilidad.
Y aquí está la herida más vergonzosa: el dinero existe. Regiones y municipios concentran el 42,4 % del presupuesto para riesgo de desastres, unos S/ 2056 millones. Aun así, a mitad de año Piura había ejecutado un tercio y Puno apenas el 17 %. Ese dinero no puede regresar al MEF en diciembre mientras el agua entra a las casas. Necesitamos presupuesto multianual y protegido para prevención, asistencia técnica real y responsabilidad funcional para quien no ejecute.
El Niño se irá. Los suelos degradados, los cauces ocupados y el presupuesto devuelto se quedarán. La pregunta no es si volverá a llover, sino si esta vez estaremos parados sobre una tierra capaz de sostenernos. Gracias por leerme.
(*) abogada constitucionalista especialista en Derecho Ambiental, profesora universitaria y doctoranda en Filosofía