El Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú (SINTRAP-INPE) anunció una huelga nacional indefinida a partir del 23 de noviembre de 2026, tras aprobar esta medida por amplia mayoría durante una asamblea general realizada el pasado 30 de octubre. El sindicato de trabajadores penitenciarios no descarta movilizaciones previas ante la falta de respuesta a sus pliegos de reclamos.
El secretario general del SINTRAP-INPE, Ángel B. Llancari Villavicencio, denunció que, pese a las reiteradas solicitudes de diálogo dirigidas a la Presidencia del INPE, sus reclamos continúan sin atención. Entre sus principales exigencias figuran la elaboración de un nuevo proyecto de riesgo de vida para los servidores penitenciarios, el incremento de la bonificación por penales, el pago de vacaciones truncas y CTS, así como el cumplimiento de los beneficios pendientes para trabajadores que cumplieron 25 y 30 años de servicio.
El dirigente advirtió que la medida de fuerza tendría repercusiones en los 68 establecimientos penitenciarios, cerca de 40 oficinas de Medio Libre y ocho oficinas regionales. De concretarse, se restringirían actividades como las visitas familiares, el ingreso de abogados, la recepción de paquetes y las diligencias judiciales. Sin embargo, se garantizarían los servicios esenciales de seguridad, alimentación y salud de los internos.
Asimismo, solicita la instalación de una mesa de diálogo con el ministro de Justicia Ernesto Álvarez Miranda y la presidenta de la República Keiko Fujimori, a fin de atender los compromisos pendientes y evitar que la huelga nacional se concrete.