Por: Yorry Warthon / El virus asiático nos ha dado oportunidad de descubrirnos como familia que supera los 30 millones de peruanos. Y, por extensión, se ha configurado como el salvataje para políticos que no le temen al contagio, también.
En septiembre pasado, cuando el presidente Martín Vizcarra decidió cerrar el Congreso, distintos analistas objetivos -y sobre todo independientes- pronosticaban que, tras el evidente copamiento de los poderes del Estado, aguardaríamos un parlamento violentamente improvisado.
Pero nadie imagino jamás que tuviésemos un enemigo pandémico que cope nuestra agenda nacional. La pandemia adelantó por varios meses portadas y entrevistas de ensueño para cualquier mandatario en estos días. Ni en sus sueños más febriles, el presidente imaginó que este virus chino lo pondría en la posición que está actualmente. Apoyado siempre por su fiel prensa adicta y alguna generosa encuestadora que cimientan su fabricada pero efectiva popularidad.
Mientras la opinión pública -temerosa- está a «buen recaudo» en sus hogares, ocurren hechos que demuestran que la justicia también cayó en ferma. ¿Cómo explicar que le hayan revocado la prisión preventiva a Cesar Villanueva? El ex premier del actual gobierno ha sido enviado a su domicilio utilizando como argumento el riesgo de contagio del COVID-19. La desfachatez es de escándalo.
Tener en cuenta que, bajó el mismo argumento, a la defensa técnica de Jaime Yoshiyama le niegan la solicitud de variación de prisión. Sin tener en cuenta el análisis de cada expediente legal, queda comprobado que la justicia mide con distinta vara a los aliados y a los opositores.
A la luz de los hechos, sobre el ex premier Cesar Villanueva pesan más pruebas en contra, con el agravante de que fue funcionario público. Pero, en apariencia, el ser amigo del gobierno abre muchas puertas. Incluso, las rejas.
La puerta está abierta, también, para aquellos responsables de la compra de mascarillas y demás artículos en el sector salud. Y es que, según el informe de Orientación de Oficio 025-2020, la Contraloría General de la República detectó un posible sobrecosto de S/ 4.3 millones en la compra 1.2 millones de mascarillas N-95 por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). ¿A qué responde esto? ¿una clara corrupción o ineficiencia de gestión? cualquiera de las dos opciones es NEFASTA.
Lo cierto es que con un gobierno que en la práctica se maneja al son de la mas suntuosa autocracia -sin contrapeso político y con una prensa en su mayoría condescendiente- la opinión pública se haya confinada mientras la administración del estado continúa abriendo las puertas para los amigos.
(«) Abogado y analista polílico
