Contraloría investiga gestión de Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña

Un proveedor contratado por el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña denunció haber sido presionado por tres funcionarios de la institución para desistir de tres órdenes de servicio vinculadas al mantenimiento correctivo de ambulancias.

Los hechos, que se extienden desde el 2 de marzo hasta el 26 de mayo de 2026, involucran al jefe de Servicios Generales, el ingeniero Edgar Alberto Sotomayor Chambilla; al jefe de Transporte, Gustavo Baldeón; y al jefe de Servicios Complementarios, César Muñoz Jaramillo.

El proveedor Carlos E. Vásquez Mayta (RUC 10433409031), asociado comercialmente a la empresa E y L Soluciones, fue adjudicado con las órdenes de servicio N.° 916, 1099 y 1100-2026 para ejecutar trabajos de mantenimiento en la flota de ambulancias del hospital. Sin embargo, sostiene que, pese a cumplir con todas las gestiones previas exigidas, la institución nunca le entregó los vehículos para iniciar el servicio.

OBSTÁCULOS Y EXCUSAS

El 2 de marzo, Vásquez Mayta realizó la visita técnica inicial al área de Transporte, donde verificó junto al entonces jefe del área, Walter García, el estado de las ambulancias y la urgencia de los trabajos. Diez días después regresó para recoger los vehículos, pero García le informó que aún gestionaba los permisos necesarios para formalizar la entrega.

Las visitas se repitieron sin resultado hasta que el 16 de marzo se le indicó que el permiso seguía pendiente porque el área de Emergencia debía retirar primero los equipos médicos instalados en las unidades. El 20 de marzo surgió un nuevo impedimento, se le comunicó que una de las ambulancias, la de placa EUH-297, marca Nissan, tenía una garantía activa que condicionaba su entrega. El 23 de marzo, la respuesta fue que los vehículos solo podrían entregarse cuando hubiera unidades de reemplazo disponibles, ya que el área de Emergencia no podía quedarse sin cobertura. El 30 de marzo, el interlocutor ya no sería Walter García, sino el nuevo jefe de Transporte, Gustavo Baldeón.

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PRESIONES

Casi dos meses después, el 26 de mayo, el proveedor acudió a la oficina del ingeniero Sotomayor Chambilla, jefe de Servicios Generales, donde también se encontraban Baldeón y Muñoz Jaramillo. Según el denunciante, los tres funcionarios lo presionaron para que anulara o abandonara las órdenes de servicio, bajo el argumento de que los vehículos seguían sin poder ser entregados. Vásquez Mayta rechazó la solicitud y formalizó la denuncia.

La Razón accedió en exclusiva a grabaciones de audio obtenidas, en las que se escucha con claridad cómo los funcionarios condicionan al proveedor a desistir de las órdenes de servicio. Los registros, que forman parte del acervo probatorio reunido por el área de Investigación de este diario, constituyen evidencia directa de la presión ejercida contra Vásquez Mayta y refuerzan la denuncia presentada ante la Contraloría.

El nombre del ingeniero Sotomayor Chambilla no resulta desconocido en el sector salud. Registros oficiales de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Este, entidad del Ministerio de Salud que supervisa los establecimientos de salud de esa zona, incluyendo el Hospital de Huaycán, lo identifican en una jefatura de oficina en dicha administración. La misma fuente del denunciante señala que en ese periodo el funcionario acumuló antecedentes de denuncias. En cuanto a su rol actual en el INSN, su incorporación como jefe de Servicios Generales fue confirmada oficialmente el 22 de abril de 2026, cuando el director general del instituto, Dr. Benjamín Pimentel Román, presentó al nuevo equipo de gestión institucional.

CONTRALORÍA INVESTIGA

La situación no ha pasado desapercibida para el órgano de control. La Contraloría General, a través de la Oficina de Control Interno del INSN, emitió el Oficio N.° 159-2026-INSN/OCI-3753, mediante el cual solicita información sobre la gestión y el estado situacional de la flota de ambulancias de la entidad. En paralelo, el Oficio N.° 158-2026-INSN/OCI-3753 requiere documentación específica sobre las contrataciones correspondientes a las órdenes de servicio 916, 1099 y 1100.

Ambos oficios colocan a los funcionarios involucrados ante la obligación de explicar por qué, meses después de firmadas las órdenes de servicio, las ambulancias no han recibido mantenimiento y el proveedor contratado nunca logró acceder a los vehículos. El denunciante exige que la Contraloría no se limite a revisar los documentos presentados por el propio hospital, sino que realice una verificación presencial en las instalaciones del INSN para contrastar si los informes internos reflejan la realidad.

Las ambulancias del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña permanecen, según la denuncia, sin el mantenimiento requerido. Los más afectados, en última instancia, son los pacientes pediátricos que dependen de su operatividad.