Una sentencia no ejecutada del Tribunal Constitucional complica la seguridad jurídica del proyecto energético.
El proyecto de hidrógeno verde más ambicioso de Sudamérica avanza en Arequipa con una inversión de $11,500 millones. Sin embargo, enfrenta obstáculos legales que podrían poner en riesgo su desarrollo. Un fallo del Tribunal Constitucional, emitido en 2012, ordenó restituir la propiedad de los terrenos a un anterior titular y dejar sin efecto la inscripción de AUTODEMA (Autoridad Autónoma de Majes). Sin embargo, el juzgado correspondiente aún no ha ejecutado la sentencia.
La empresa Inversiones SIGNUS, involucrada en el proyecto, ha apelado la falta de cumplimiento judicial. En respuesta, recibió una resolución que califica de grave la omisión, dado que se trata de una sentencia con carácter de cosa juzgada vigente desde hace más de una década. Claudio Gazzolo, representante de la firma, informó que acudirán al Segundo Juzgado Constitucional de Arequipa para exigir el respeto del derecho de propiedad. Según el empresario, la incertidumbre legal pone en riesgo la confianza de los inversionistas.
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En paralelo, la iniciativa energética avanza en la zona de Pájaro Bobo, donde se prevé transformar más de 10 mil hectáreas en un centro de producción de hidrógeno verde. La zona cuenta con un alto nivel de radiación solar, ideal para la instalación de un parque fotovoltaico de gran escala. Empresas internacionales están interesadas en participar en este emprendimiento, que busca generar un combustible alternativo con cero emisiones contaminantes.
El hidrógeno verde se produce mediante electrólisis del agua, usando electricidad de fuentes renovables como la solar o la eólica. Esta tecnología está ganando terreno como alternativa a los combustibles fósiles, especialmente en sectores como el transporte y la industria pesada.
Actualmente, el sistema energético del Perú depende mayoritariamente de hidrocarburos, siendo el diésel el más consumido. No obstante, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha impulsado políticas para promover vehículos eléctricos e iniciativas como la Ley N.º 31992, aprobada en 2024, que promueve la cadena de valor del hidrógeno verde.
