La OSCE ante este caso ha sido cuestionada
El escándalo estalla en torno al Proyecto Legado, luego de que se revelara un intento de manipulación durante la licitación para la construcción del comedor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, valuado en S/22,4 millones. Javier Villanueva Loyola, presidente del comité de licitación, solicitó direccionar la adjudicación a cambio de una recompensa económica, según denunciaron los miembros del Comité de Selección, liderado por el mismo Villanueva.
El incidente ocurrió el 8 de febrero de este año y Villanueva fue destituido, siendo reemplazado por otro funcionario. Sin embargo, el contrato fue finalmente otorgado al Consorcio Bicentenario I, representado por Esperanza Rojas Gutiérrez, quien tiene vínculos políticos con el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y con la presidenta Dina Boluarte.
Aunque el Proyecto Legado no ha revelado el nombre de la empresa favorecida por Villanueva, las acusaciones indican que el presidente del comité actuaba bajo órdenes, alegando que había recibido instrucciones de manipular el proceso de licitación. Además, se menciona la participación del secretario de Administración, Ángel Maldonado Mejía, quien convocó a la reunión en la que se planteó la orientación de la licitación, según los miembros del Comité de Selección.
También puedes leer:
A pesar de la gravedad del incidente, el Proyecto Legado mantuvo a los demás integrantes del Comité de Selección y adjudicó el contrato a Rojas. Sin embargo, aún no se determina si existe complicidad entre Villanueva y Maldonado, aunque la investigación interna continúa.
La reacción del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ante este caso ha sido cuestionada, especialmente porque el Proyecto Legado no informó al OSCE sobre el intento de manipulación del proceso de adjudicación. Esto contrasta con la agresiva actuación del OSCE contra el Grupo La República, al que inició numerosos procesos sancionadores sin fundamentos legales.
Es importante destacar que cada miembro del comité de selección tiene la obligación de actuar con probidad y transparencia, y denunciar cualquier acto de corrupción. Sin embargo, las investigaciones aún están en curso para determinar las responsabilidades individuales en este caso. Mientras tanto, la sombra de la corrupción continúa planeando sobre el Proyecto Legado y sus funcionarios, mientras que el OSCE enfrenta críticas por su aparente falta de acción en casos que involucran a funcionarios del gobierno de Dina Boluarte.
