En abril de 2019 la constructora brasileña Odebrecht finalizó la venta de la central hidroeléctrica Chaglla al consorcio China Three Gorges. El acuerdo de venta se suscribió entre representantes de la brasileña y el conglomerado chino, en medio de las investigaciones de caso Lava Jato y el pago de coimas de la empresa carioca a gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, así como a la ex alcaldesa Susana Villarán.
Solo dos meses antes el Ministerio Público, con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, firmó un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht que permitió la venta de está hidroeléctrica y encima devolverle más de S/ 524 millones que fueron retenidos como parte de la reparación civil, un verdadero faenón.
Odebrecht vendió Chaglla a US$ 1,400 millones aproximadamente, que incluye el pago de los pasivos con diversos acreedores que mantenía a la fecha del cierre, así como el valor correspondiente a los accionistas.
«La central hidroeléctrica de Chaglla es una obra emblemática en la infraestructura de energía peruana. Con una presa de más de 200 metros altura, es una de las del tipo enrocado con cara de concreto más altas del mundo. Su capacidad de generación de energía corresponde al 10% de la capacidad hídrica total instalada en el país y produce aproximadamente 5% del total de energía generada en el Perú», indicó la empresa en un comunicado.
Según Cofide, de los S/ 1,400 millones, US$ 600 millones serán destinados a pagar la deuda senior que la brasilera tomó –en su momento– con un sindicato de bancos. Mientras que US$ 100 millones recibirá Cofide, debido a que participó en el financiamiento a la constructora.
Fuera de los US$ 600 millones para el pago a bancos, Cofide señaló que otro monto se destinará a saldar deudas tributarias y comerciales.
Además, S/ 524 millones fueron retenidos por un fideicomiso que asegura el pago de la reparación civil de la constructora acusada de actos de corrupción como lo detallaron especialistas del Ministerio de Justicia.
Seis meses después la jueza María de los Ángeles Álvarez se pronunció sobre la devolución a Odebrecht de los S/524 millones que el Ministerio de Justicia, a través de su unidad funcional, mantenía retenidos tras la venta de la hidroeléctrica Chaglla. En su resolución, emitida el pasado 28 de octubre de 2019, Álvarez sostiene —en simple— que ella no tiene que pronunciarse sobre ninguna controversia porque los beneficios del acuerdo de colaboración ya habían quedado claros en su sentencia de homologación.
Esto significa, como confirmó el fiscal superior Rafael Vela, que los S/524 millones deberán ser devueltos a la constructora, porque la jueza no ve ninguna cláusula en el acuerdo ni en su sentencia que bloquee el desembolso. Esto pese a que desde julio la devolución se mantenía bloqueada debido a un acápite que ella misma añadió, y que decía que Odebrecht no debía tener “investigaciones o procesos penales en curso” antes de que la constructora recibiera el dinero. Tanto la fiscalía como la procuraduría, —resalta también la jueza— están de acuerdo con el reembolso.
Es decir, gracias al acuerdo suscrito con la fiscalía peruana, Odebrecht logró vender sus empresas y encima obligó al Perú a devolver más de S/ 500 millones retenidos para asegurar el pago de reparación civil, un faenón que deberán explicar Rafael Vela y José Domingo Pérez cuando el Tribunal Constitucional ordene publicar en acuerdo secreto.
