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    Riesgo de fuga de Susana Villarán

    Ante eventual detención y futura condena

    La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, podría seguirle los pasos al juez César Hinostroza, según se desprende de la carpeta fiscal en que se solicitó la ampliación a 12 meses de su impedimento de salida del país, el cual vence en julio de 2019.

    Efectivamente, en su fundamento, el fiscal Reggis Oliver Chávez consideró que la medida no se centra en que si los investigados serán o no llamados a futuras diligencias, sino se sustenta en un fin indagatorio, evitar una posible fuga y la efectividad de una eventual condena.

    En ese sentido, consideró que el impedimento de salida del país es una medida menos gravosa que una prisión preventiva, la misma que “podría ser solicitada más adelante”.

    En agosto de este año, la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado en Corrupción amplió a 12 meses el mandato de impedimento de salida del país a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

    Como se recuerda, en noviembre de 2017, el Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida para Villarán por ocho meses, los cuales fueron ampliados por ocho meses más en julio de este año.

    A la ex burgomaestre y al ex funcionario de la Municipalidad de Lima se les sigue un proceso por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado.

    Ambos casos están relacionados a los presuntos aportes irregulares de las empresas Odebrecht y OAS durante la campaña del “No” a la revocatoria, la cual se realizó entre los años 2012 y 2013.

    La situación se agrava aún más debido a que hace unos días, el ex representante de Odebrecht en el consorcio Rutas de Lima, Raúl Ribeiro, habría confirmado que se aportó con US$ 3 millones a la campaña del ‘No a la revocatoria’ de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

    Asimismo, este ex funcionario de Odebrecht también habría confesado que por orden de Jorge Barata (ex representante de Odebrecht en Perú) el aporte de campaña se realizó a través del Sector de Operaciones Estructuradas, que funcionaba como departamento encargado del pago de coimas a funcionarios de distintos países a cambio de obras en el Estado.

    Restricciones

    Se sabe, que el juez Manuel Antonio Chuyo, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, declaró fundado el pedido de comparecencia restringida interpuesto por la fiscalía contra la ex alcaldesa Susana Villarán en el marco de las investigaciones que se le siguen por presuntamente haber recibido dinero de OAS y Odebrecht para la campaña del No a la revocatoria.

    Por esto, Villarán deberá acercarse a sede judicial a firmar cada 30 días. Además, no podrá ausentarse de la jurisdicción donde reside ni variar de casa sin autorización.

    La medida se prolongará por el plazo que dure la investigación que se le sigue por el delito de cohecho pasivo propio y lavado de activos.

    Ante eventual detención y futura condena

    La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, podría seguirle los pasos al juez César Hinostroza, según se desprende de la carpeta fiscal en que se solicitó la ampliación a 12 meses de su impedimento de salida del país, el cual vence en julio de 2019.

    Efectivamente, en su fundamento, el fiscal Reggis Oliver Chávez consideró que la medida no se centra en que si los investigados serán o no llamados a futuras diligencias, sino se sustenta en un fin indagatorio, evitar una posible fuga y la efectividad de una eventual condena.

    En ese sentido, consideró que el impedimento de salida del país es una medida menos gravosa que una prisión preventiva, la misma que “podría ser solicitada más adelante”.

    En agosto de este año, la Sala Penal de Apelaciones del Sistema Especializado en Corrupción amplió a 12 meses el mandato de impedimento de salida del país a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

    Como se recuerda, en noviembre de 2017, el Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida para Villarán por ocho meses, los cuales fueron ampliados por ocho meses más en julio de este año.

    A la ex burgomaestre y al ex funcionario de la Municipalidad de Lima se les sigue un proceso por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio y otros en agravio del Estado.

    Ambos casos están relacionados a los presuntos aportes irregulares de las empresas Odebrecht y OAS durante la campaña del “No” a la revocatoria, la cual se realizó entre los años 2012 y 2013.

    La situación se agrava aún más debido a que hace unos días, el ex representante de Odebrecht en el consorcio Rutas de Lima, Raúl Ribeiro, habría confirmado que se aportó con US$ 3 millones a la campaña del ‘No a la revocatoria’ de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

    Asimismo, este ex funcionario de Odebrecht también habría confesado que por orden de Jorge Barata (ex representante de Odebrecht en Perú) el aporte de campaña se realizó a través del Sector de Operaciones Estructuradas, que funcionaba como departamento encargado del pago de coimas a funcionarios de distintos países a cambio de obras en el Estado.

    Restricciones

    Se sabe, que el juez Manuel Antonio Chuyo, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, declaró fundado el pedido de comparecencia restringida interpuesto por la fiscalía contra la ex alcaldesa Susana Villarán en el marco de las investigaciones que se le siguen por presuntamente haber recibido dinero de OAS y Odebrecht para la campaña del No a la revocatoria.

    Por esto, Villarán deberá acercarse a sede judicial a firmar cada 30 días. Además, no podrá ausentarse de la jurisdicción donde reside ni variar de casa sin autorización.

    La medida se prolongará por el plazo que dure la investigación que se le sigue por el delito de cohecho pasivo propio y lavado de activos.

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